La reciente reunión del Consejo de Estado ha estado marcada por un ambiente de tensión y controversia, especialmente en torno a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno español pretende impulsar. Este anteproyecto de ley busca otorgar a los fiscales un papel más prominente en la dirección de las investigaciones penales, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y la relación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno.
Uno de los momentos más destacados de esta reunión fue la intervención de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, un consejero permanente y uno de los padres de la Constitución española. Herrero no dudó en criticar la oportunidad de llevar a cabo esta reforma en un contexto de polarización política. En su opinión, una ley que aspire a ser un pilar del Estado debe ser fruto de un amplio consenso y no puede ser impulsada en un clima de confrontación.
### La Crítica de Herrero y sus Implicaciones
Herrero expresó su preocupación por el hecho de que la reforma se esté considerando mientras el fiscal general, Álvaro García Ortiz, enfrenta un juicio por la presunta revelación de datos tributarios de un empresario vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este hecho ha generado un escándalo que podría erosionar la confianza pública en la Fiscalía y en la independencia del Poder Judicial. Herrero argumentó que la coincidencia de la imputación del fiscal general y el aumento de sus competencias es una situación que debe evitarse, ya que podría generar una percepción negativa entre los ciudadanos.
El consejero permanente también cuestionó la idea de que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones penales, sugiriendo que esto podría convertirlos en «la prolongación del Gobierno». Esta afirmación resuena con las preocupaciones sobre la separación de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia. Herrero subrayó que el sistema judicial español, tal como está estructurado, permite que los jueces mantengan un papel crucial en la supervisión de las investigaciones, algo que no debería ser menospreciado.
Además, Herrero destacó que la Policía ha sido fundamental en la recopilación de pruebas y en la realización de investigaciones, y que restarle autonomía a este cuerpo para otorgar más poder a la Fiscalía podría ser contraproducente. En su opinión, la reforma podría llevar a una disminución en la eficacia de las investigaciones penales, ya que la Fiscalía no ha demostrado ser particularmente ágil en su gestión.
### El Contexto Político y Judicial
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrolla esta discusión. El Gobierno, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo incondicional a García Ortiz, lo que ha generado críticas por parte de la oposición y de algunos sectores de la sociedad civil. La percepción de que el Ejecutivo está tratando de influir en la Fiscalía para proteger a uno de sus miembros más cercanos ha alimentado el debate sobre la independencia del sistema judicial.
El Consejo de Estado, como órgano consultivo del Gobierno, tiene la responsabilidad de evaluar la idoneidad de las reformas propuestas. Sin embargo, la división interna que ha surgido a raíz de esta reforma pone de manifiesto las tensiones existentes entre los diferentes actores del sistema judicial. La votación en el Consejo de Estado sobre el informe de la reforma fue abrumadora, con 18 votos a favor y 7 en contra, lo que indica que, a pesar de las críticas, hay un apoyo considerable para avanzar con la propuesta.
Sin embargo, el hecho de que un consejero permanente haya expresado su desacuerdo de manera tan contundente en una reunión donde estaba presente el fiscal general es un indicativo de que las tensiones no solo son políticas, sino también institucionales. La crítica de Herrero no solo se limita a la reforma en cuestión, sino que también abarca otras iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno que han generado descontento entre jueces y fiscales.
En este contexto, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se presenta como un tema candente que podría tener repercusiones significativas en la estructura del sistema judicial español. La necesidad de un consenso amplio y la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial son cuestiones que deben ser consideradas con seriedad antes de avanzar con cualquier cambio legislativo.
La situación actual refleja un momento crítico para la justicia en España, donde la confianza pública en las instituciones se encuentra en juego. La forma en que se manejen estas reformas y las críticas que surjan en el camino determinarán el futuro del sistema judicial y la percepción de su independencia ante la ciudadanía.
