En un reciente juicio en la Audiencia Nacional de España, dos mujeres españolas, Yolanda Martínez y Luna Fernández, han sido condenadas a tres años de prisión por su participación en actividades relacionadas con el Estado Islámico (Daesh). Ambas mujeres, que regresaron a España en 2023 tras haber vivido en Siria durante una década, fueron acusadas de integrar una organización terrorista y de haber criado a sus hijos en un entorno radicalizado. La sentencia se produce en un contexto de creciente preocupación sobre la repatriación de ciudadanos europeos que se unieron a grupos yihadistas en zonas de conflicto.
### Contexto de la Condena
Yolanda Martínez y Luna Fernández, de 38 y 37 años respectivamente, habían viajado a Siria junto a sus maridos para unirse al autodenominado califato. Durante su estancia, ambas desempeñaron roles significativos en la organización, donde se les atribuye haber contribuido a la radicalización de sus hijos y otros menores. En el juicio, la Fiscalía había solicitado inicialmente seis años de prisión, pero el acuerdo alcanzado permitió que la pena se redujera a tres años, además de imponerles medidas de inhabilitación y libertad vigilada.
La magistrada Teresa Palacios, quien presidió el tribunal, destacó la gravedad de los actos cometidos por las acusadas, quienes no solo se unieron a una organización terrorista, sino que también asumieron roles que fomentaron la ideología extremista entre sus hijos. Según el auto de procesamiento, ambas mujeres fueron responsables de la educación de sus hijos en un entorno que promovía la violencia y el yihadismo, lo que complicó aún más su situación legal.
### La Vida en el Califa y su Regreso a España
Martínez y Fernández regresaron a España en enero de 2023 con un total de 13 menores, de los cuales cuatro eran hijos biológicos de Martínez y los otros nueve estaban bajo el cuidado de Fernández, incluyendo cinco que eran también sus hijos. A su llegada, fueron detenidas y sus hijos quedaron bajo la custodia de la administración. Durante su tiempo en Siria, ambas mujeres se integraron en la estructura del Daesh, donde se les asignaron roles que incluían la educación de los niños en la ideología del grupo.
Los informes del sumario revelan que Yolanda Martínez actuó como instructora, enseñando a los niños una visión extremista del islam, mientras que las niñas eran preparadas para tareas domésticas. Por otro lado, los niños varones eran reclutados para convertirse en futuros combatientes o espías a partir de los nueve años. Este proceso de radicalización infantil ha sido uno de los aspectos más preocupantes del caso, ya que plantea serias preguntas sobre el futuro de estos menores y su reintegración en la sociedad española.
El regreso de estas mujeres a España fue motivado por la pérdida de control territorial del Daesh y las difíciles condiciones de vida en los campos de refugiados, donde se encontraban. A pesar de las circunstancias que llevaron a su repatriación, la opinión pública y las autoridades han mostrado una postura crítica hacia su regreso, cuestionando la posibilidad de reintegrar a personas que han estado tan profundamente involucradas en el extremismo.
### Reacciones y Debate Público
La condena ha suscitado un intenso debate en la sociedad española. Mientras que algunos argumentan que las mujeres deben ser responsabilizadas por sus acciones y el impacto que tuvieron en la radicalización de sus hijos, otros defienden que su papel fue el de simples amas de casa que siguieron a sus maridos. Las familias de las acusadas han expresado su indignación, afirmando que no deberían ser condenadas por sus creencias o por haber estado al cuidado de sus hijos.
Este caso pone de relieve la complejidad de la repatriación de ciudadanos que han estado involucrados con grupos terroristas. La sociedad se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre la justicia y la reintegración, especialmente cuando se trata de menores que han sido expuestos a ideologías extremistas desde una edad temprana. La sentencia de Martínez y Fernández es un recordatorio de que las acciones de los individuos tienen consecuencias no solo para ellos, sino también para las generaciones futuras que pueden verse afectadas por su legado.
La Audiencia Nacional ha dejado claro que la lucha contra el yihadismo y la radicalización es una prioridad, y que aquellos que han contribuido a estos fenómenos serán llevados ante la justicia. A medida que el debate sobre la repatriación y la reintegración continúa, este caso servirá como un punto de referencia para futuras decisiones legales y políticas en España.
