El Congreso de los Diputados se prepara para votar una reforma significativa de la ley de extranjería, que busca establecer un sistema de reparto automático de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta iniciativa surge en respuesta a la crisis de acogida que enfrentan regiones como Canarias, donde los centros están desbordados, albergando a cerca de 6,000 menores, lo que representa el triple de su capacidad.
La propuesta, impulsada por un acuerdo entre el PSOE y Junts, establece que cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida, el Estado podrá redistribuir a los menores en un plazo máximo de 15 días hacia otras regiones con mayor disponibilidad. Sin embargo, la medida ha encontrado resistencia por parte de partidos como el Partido Popular, que argumentan que se necesita una mayor financiación y planificación en la gestión de la acogida.
La reforma responde a la creciente presión en territorios como Canarias y Ceuta, donde el aumento de llegadas de menores no acompañados ha saturado los centros de acogida. Esta situación ha llevado a la reclamación de una distribución más equitativa entre todas las regiones, con el objetivo de garantizar el bienestar y la protección de estos jóvenes.
El nuevo marco legal incluye la modificación de varios artículos existentes y la inclusión de nuevos apartados que establecen la obligación del Estado de intervenir cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad. Además, se refuerza la prioridad del interés superior del menor, garantizando su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección social.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la creación de un mecanismo legal que activa el reparto obligatorio de menores. Esto significa que las comunidades autónomas que reciban menores bajo este mecanismo no podrán rechazar la asignación de nuevos casos. Hasta ahora, los traslados se realizaban a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y no eran vinculantes, lo que permitía a algunos territorios eludir sus responsabilidades.
Antes de activar el mecanismo de reparto, cada comunidad debe declarar su capacidad de acogida, lo que implica una evaluación de los recursos disponibles, incluyendo centros de acogida y servicios sociales. Este proceso no es único, sino que se establece como un mecanismo continuo para ajustar la distribución de menores según cambien las condiciones.
La reforma también introduce un Registro Nacional de Menores Extranjeros No Acompañados, que centraliza y unifica la información sobre estos menores, facilitando la coordinación entre administraciones. Este registro permitirá un seguimiento más eficaz de la situación legal y de acogida de cada menor.
El mecanismo de reparto se activará cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad. Se establece un plazo de 5 días para aprobar la declaración de «situación de contingencia migratoria extraordinaria», 30 días para que las autonomías acepten el reparto y 15 días para ejecutar el traslado. Además, se implementará un protocolo de actuación que garantice que los menores sean atendidos adecuadamente durante todo el proceso.
Los criterios para la distribución de los menores se basan en la capacidad de acogida de cada comunidad, la población autonómica, los recursos disponibles y el esfuerzo solidario realizado previamente. En casos excepcionales, se considerará la vulnerabilidad de los menores, priorizando regiones con mayores capacidades para atender necesidades especiales.
La reforma también aborda la financiación, estableciendo que se distribuirán recursos adicionales a las comunidades que asuman una mayor carga de menores. Se prevé que el Gobierno central destine 100 millones de euros a lo largo de 2025 para mejorar la infraestructura de los centros de acogida y garantizar el bienestar de los menores.
Las negociaciones para esta reforma comenzaron hace un año, con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores migrantes no acompañados. El acuerdo alcanzado con Junts ha permitido que la votación de esta reforma se lleve a cabo el 10 de abril, con la expectativa de que se distribuyan aproximadamente 4,400 menores desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de información sobre la capacidad de acogida de algunas comunidades, como Aragón, genera incertidumbre en la planificación y ejecución de los traslados.
