Las tensiones en Ecuador han alcanzado un punto álgido tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha desatado una ola de protestas en todo el país. Desde hace más de dos semanas, centenares de manifestantes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y pequeños agricultores, han salido a las calles para expresar su descontento. La decisión del gobierno de eliminar este subsidio, que había estado en vigor durante años, ha provocado un aumento significativo en el costo del galón de diésel, lo que ha repercutido directamente en el costo de vida de muchas familias ecuatorianas.
La situación se ha intensificado con el paso de los días, y las manifestaciones han tomado un giro violento. Recientemente, el vehículo oficial del presidente Daniel Noboa fue atacado por un grupo de aproximadamente 500 personas que lanzaron piedras, lo que ha llevado a la ministra de Medio Ambiente y Energía a presentar una denuncia formal por intento de asesinato. Aunque el presidente resultó ileso, este incidente ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación y la frustración acumulada entre los sectores más vulnerables de la población.
### La eliminación del subsidio y sus consecuencias
La decisión del gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel fue justificada por el presidente Noboa como una medida necesaria para liberar recursos económicos. Según sus declaraciones, la eliminación del subsidio permitirá al país ahorrar aproximadamente 1.100 millones de dólares al año, fondos que se destinarán a compensaciones para los pequeños agricultores y trabajadores del sector del transporte. Noboa argumenta que este cambio es esencial para combatir el narcotráfico y la corrupción, ya que anteriormente, el subsidio era desviado a grupos delincuenciales.
Sin embargo, esta medida ha sido recibida con gran descontento por parte de los manifestantes, quienes argumentan que la eliminación del subsidio ha incrementado drásticamente los costos de vida, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Los pequeños agricultores, que dependen del diésel para sus actividades diarias, se han visto particularmente afectados, lo que ha llevado a una creciente indignación y a la organización de protestas en varias provincias del país.
Las manifestaciones han incluido cortes de carretera y marchas, y han sido convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ha exigido no solo la restitución del subsidio, sino también una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%. Además, han expresado su oposición a la consulta popular programada para el 16 de noviembre, que abordará la posible creación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
### Respuesta del gobierno y escalada de la violencia
La respuesta del gobierno a las protestas ha sido contundente. Noboa ha declarado que no permitirá que «unos pocos vándalos» interrumpan el trabajo del gobierno y ha prometido que se tomarán medidas legales contra los responsables de los ataques. La ministra Manzano ha confirmado que cinco personas han sido detenidas y serán procesadas por cargos de terrorismo e intento de asesinato, lo que refleja la seriedad con la que el gobierno está abordando la situación.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por justificar la eliminación del subsidio y redistribuir los fondos a los sectores más necesitados, la percepción pública parece estar en contra de estas medidas. Los manifestantes sostienen que las compensaciones prometidas no son suficientes para contrarrestar el aumento de los precios del combustible y, por ende, de los productos básicos. La situación se complica aún más por la desconfianza hacia el gobierno y la percepción de que las medidas adoptadas no benefician realmente a la población.
El clima de tensión en el país ha llevado a un aumento en la violencia durante las manifestaciones, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad indígena, que ha sido históricamente un actor clave en la política ecuatoriana, se encuentra en una encrucijada, ya que sus demandas no solo se centran en el subsidio al diésel, sino también en un cambio estructural que les permita tener una voz más fuerte en la toma de decisiones del país.
Las protestas en Ecuador son un reflejo de un descontento más profundo que va más allá de la eliminación del subsidio al diésel. La lucha por la justicia social, la equidad y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas está en el centro de este conflicto. A medida que las tensiones continúan aumentando, el futuro de la política ecuatoriana y la estabilidad social del país se encuentran en una situación crítica.
