La situación de seguridad en Perú ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado al presidente interino, José Jerí, a tomar medidas drásticas. A partir de la medianoche del miércoles, se implementará un estado de emergencia en Lima y la provincia del Callao, con una duración de 30 días. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente delincuencia organizada que ha afectado a miles de familias y ha tenido un impacto negativo en la economía del país. En un mensaje transmitido por televisión y redes sociales, Jerí enfatizó que «la delincuencia ha crecido de manera desmesurada» y que es hora de actuar para recuperar la paz y la tranquilidad en el país.
El presidente, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, subrayó que «las guerras se ganan con acciones y no con palabras», aunque no proporcionó detalles específicos sobre las medidas que se implementarán durante el estado de emergencia. Sin embargo, el decreto publicado en el diario oficial El Peruano establece que se suspenderán ciertos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Esta suspensión se produce en un momento en que el país enfrenta protestas contra el gobierno y el congreso, en gran parte motivadas por la inseguridad.
El estado de emergencia también contempla la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Se realizarán patrullas en áreas críticas, incluyendo paraderos y estaciones de metro, así como en instituciones públicas. Además, se establecerán comandos de campaña temporales en coordinación con los municipios más afectados. Estas acciones se centrarán en el decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, así como en la destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas en las cárceles.
Durante la jornada del anuncio, el Consejo de Ministros se reunió para definir el marco legal del estado de emergencia, que busca hacer frente a la ola de criminalidad que ha azotado a Lima, donde reside aproximadamente un tercio de la población peruana. En un mensaje previo en la red social X, Jerí expresó su intención de pasar «de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad».
La historia reciente de Perú muestra que el estado de emergencia ha sido utilizado en varias ocasiones para abordar problemas de seguridad. En años anteriores, se ha declarado en diversas regiones, especialmente en la costa norte, para combatir la minería ilegal y en distritos de la capital para permitir que las fuerzas armadas apoyen a la policía en el control de la seguridad ciudadana. Durante la vigencia de esta medida, se suspenderán varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito y reunión.
La creciente violencia en el país ha sido evidente en las últimas semanas, con paros de transportistas y movilizaciones en protesta por el impacto del crimen organizado. Este problema ha dejado un saldo trágico, con decenas de muertes en el gremio del transporte urbano, y ha sido uno de los factores que llevaron a la destitución de la exmandataria Dina Boluarte. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio a septiembre de 2025, se registraron 575 homicidios en Perú, la cifra más alta del año, superando los 500 homicidios por trimestre por primera vez desde 2017.
La situación actual plantea serios desafíos para el gobierno de Jerí, que apenas ha comenzado su mandato. La implementación de un estado de emergencia es una medida que refleja la urgencia de abordar la crisis de seguridad en el país. Sin embargo, la efectividad de estas acciones dependerá de la capacidad del gobierno para coordinar esfuerzos entre las fuerzas armadas y la policía, así como de su habilidad para restaurar la confianza de la población en las instituciones. La lucha contra la delincuencia organizada es un reto complejo que requerirá no solo medidas de seguridad, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad en Perú.
