El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso plan estatal contra la corrupción en el Congreso, que incluye un total de 15 medidas diseñadas para fortalecer la integridad pública y mejorar la transparencia en la administración. Este conjunto de iniciativas surge en un contexto de creciente preocupación por la corrupción, especialmente tras el escándalo conocido como ‘caso Cerdán’, que ha sacudido a la administración socialista y ha generado desconfianza entre sus aliados políticos.
**Medidas Clave del Plan Anticorrupción**
El plan se estructura en cinco ejes fundamentales que abordan diferentes aspectos de la corrupción y la transparencia. Uno de los puntos más destacados es la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, que se encargará de supervisar y coordinar la lucha contra la corrupción en todas las administraciones. Esta agencia tendrá la responsabilidad de prevenir, supervisar y perseguir prácticas corruptas, lo que representa un paso significativo hacia la autonomía en la gestión de la integridad pública.
Otro aspecto relevante del plan es la extensión de la metodología utilizada para la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración. Esto implica que los criterios de transparencia y control aplicados a estos fondos se implementarán en todas las contrataciones públicas, buscando así minimizar el riesgo de fraude y corrupción.
La incorporación de tecnologías avanzadas también juega un papel crucial en este plan. Se prevé la utilización de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de automatizar la identificación de patrones anómalos que puedan indicar fraude. Esta medida no solo optimiza los procesos de contratación, sino que también permite una vigilancia más efectiva de las actividades administrativas.
Además, se establecerán sistemas de compliance anticorrupción obligatorios para las empresas que deseen contratar con la Administración. Esto incluye la implementación de pactos de integridad en contratos públicos, alineándose con prácticas ya adoptadas en otros países europeos. La nueva Ley de Administración Abierta también reforzará la obligación de transparencia activa, introduciendo mecanismos de alerta temprana y actualizando el Portal de Transparencia del Estado.
**Refuerzo de la Transparencia y la Rendición de Cuentas**
El plan anticorrupción también contempla un refuerzo significativo de los controles sobre los partidos políticos. Se exigirá a aquellos que reciban financiación pública superior a 50.000 euros la realización de auditorías externas e independientes. Además, se busca profundizar en la transparencia de las donaciones y la financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y acortando el plazo de publicación a un mes desde su recepción.
Una de las medidas más innovadoras es la inclusión en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de garantías plenas de confidencialidad y protección para quienes denuncien actos de corrupción. Esto se complementará con la obligación de las empresas de establecer canales internos de denuncia, así como la creación de un sistema general de integridad institucional en todas las administraciones públicas.
Para mejorar la eficacia judicial, se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados. Esto permitirá agilizar los procesos judiciales y otorgar carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos. Asimismo, se reforzará la Fiscalía Anticorrupción con más recursos y se enviará a las Cortes Generales un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá reformas estructurales en el modelo de instrucción penal.
El endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública también es un aspecto central del plan. Se duplicarán los plazos de prescripción y se aumentarán las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no solo sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales. Además, se implementará un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
Finalmente, el plan incluye la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, así como el lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y el refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención. Con estas medidas, el Gobierno busca no solo combatir la corrupción de manera efectiva, sino también restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
