La situación de la empresa Esperanza y Compañía, dedicada a la fabricación de armamento, ha suscitado controversia en Bizkaia tras revelarse que la Diputación foral no ejecutó embargos por un valor de 2 millones de euros. Esta omisión ha permitido que la compañía, a pesar de estar en liquidación desde 1993, mantenga propiedades que deberían haber sido reclamadas por la administración pública.
Fundada en 1925, Esperanza y Compañía se convirtió en el principal exportador de armas de España en 1979, alcanzando un notable éxito económico. Sin embargo, la empresa comenzó a enfrentar problemas financieros a partir de la década de 1990, acumulando deudas que la llevaron a solicitar la suspensión de pagos en 1991. En ese momento, la empresa tenía un pasivo de 1.080 millones de pesetas y un activo de 2.166 millones.
La crisis de la empresa se intensificó con la disminución de pedidos y cambios en la regulación del sector. A pesar de su cierre en 1993, la empresa no ha sido oficialmente extinguida y sigue en proceso de liquidación, lo que es considerado anómalo por expertos en derecho mercantil. Las propiedades de la empresa, que incluyen terrenos en Markina e Iruña de Oca, permanecen a su nombre, a pesar de las deudas que arrastra.
La Diputación de Bizkaia tenía derecho a ejecutar embargos sobre estas propiedades debido a las deudas acumuladas, que ascendían a 372 millones de pesetas. Sin embargo, las garantías de cobro no fueron ejecutadas en el plazo reglamentario de 21 años, lo que ha permitido a la empresa mantener el control sobre sus bienes. Fuentes consultadas sugieren que esta situación podría constituir un delito, dado que las administraciones tienen la obligación de proteger los recursos públicos.
La falta de acción por parte de la Diputación ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y la posible existencia de un trato de favor hacia la empresa. A pesar de las solicitudes de información, la Diputación no ha aclarado por qué no se ejecutaron los embargos ni si la empresa sigue teniendo deudas con la Hacienda foral.
La historia de Esperanza y Compañía es un ejemplo de cómo las negligencias administrativas pueden tener consecuencias significativas en la gestión de los recursos públicos. La empresa, que llegó a tener 500 empleados y un papel destacado en la industria armamentista, ahora se encuentra en una situación de limbo legal, con propiedades que podrían haber sido reclamadas por la administración.
Los terrenos que aún posee la empresa incluyen parcelas urbanas y rústicas, algunas de las cuales están gravadas con hipotecas a favor de la Hacienda foral. Sin embargo, la falta de ejecución de estas hipotecas ha permitido que la empresa pueda levantar las cargas y disponer de sus propiedades libremente. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de cobro de deudas por parte de la administración pública.
La situación se complica aún más al considerar que, aunque algunas propiedades han sido subastadas, otras permanecen sin ser reclamadas. En 1997, la Seguridad Social subastó el antiguo edificio de la fábrica para cubrir parte de las deudas, pero muchas otras fincas y terrenos no fueron objeto de subasta y siguen perteneciendo a la empresa.
La falta de claridad en la gestión de estas propiedades y la ausencia de respuestas por parte de la Diputación de Bizkaia han generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos. La percepción de que una empresa en liquidación puede seguir operando y manteniendo propiedades valiosas sin que la administración actúe ha llevado a cuestionar la transparencia y la responsabilidad de las instituciones públicas.
En resumen, la historia de Esperanza y Compañía es un caso que pone de relieve la importancia de la gestión adecuada de los recursos públicos y la necesidad de que las administraciones actúen con diligencia para proteger los intereses de la ciudadanía. La falta de acción en este caso no solo afecta a la administración, sino que también plantea serias dudas sobre la equidad en el tratamiento de las empresas en dificultades financieras.
