La situación financiera de la Administración central en España se encuentra en un estado de incertidumbre, especialmente en lo que respecta al déficit público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado que los pleitos en los que está inmersa la Administración podrían desviar el déficit en cerca de medio punto porcentual. Este factor se suma a la presión que ya ejerce el gasto en defensa sobre las cuentas públicas, lo que complica aún más la gestión fiscal del país.
### La Carga de los Pleitos en las Finanzas Públicas
En su informe anual sobre presupuestos, la Airef ha estimado que los riesgos asociados a los pleitos ya materializados ascienden a varios miles de millones de euros. Estos son aquellos casos que ya cuentan con un dictamen y están pendientes de pago. Sin embargo, la situación se agrava con la existencia de otros 5.400 millones de euros en litigios abiertos, donde los abogados del Estado están luchando para evitar que se materialicen facturas millonarias que podrían impactar negativamente en las cuentas públicas.
La Airef ha lamentado que en los últimos años se ha producido una acumulación de sentencias desfavorables para la Administración. Entre los litigios más destacados se encuentran los arbitrajes internacionales relacionados con el recorte a las energías renovables, el caso del hundimiento del Prestige, y demandas de grandes multinacionales como Oracle. Estos pleitos no solo representan un riesgo financiero, sino que también generan una incertidumbre considerable sobre el futuro económico del país.
Uno de los casos más significativos es el relacionado con las energías renovables, donde la cuantía de los laudos desfavorables asciende a 1.241 millones de euros. A esto se suman 170 millones en costas e intereses y otros 330 millones en indemnizaciones que aún están por determinar. Este litigio se ha visto agravado por la reciente decisión de la Comisión Europea, que ha calificado los incentivos de apoyo a las energías renovables como una ayuda estatal ilegal, lo que ha llevado al Gobierno español a oponerse a la ejecución de los laudos en diversas jurisdicciones extranjeras.
### Litigios Pendientes y su Impacto Económico
La lista de litigios que podrían afectar las finanzas públicas no se limita a los casos de las energías renovables. La Airef ha mencionado otros pleitos de resultado incierto, como el del vertido del petrolero Prestige y el litigio de TP Ferro, que reclama unos 750 millones de euros por la construcción del túnel de El Pertús, que conecta España y Francia. Además, hay recursos contencioso-administrativos relacionados con infraestructuras de transporte que suman 279 millones de euros en la Audiencia Nacional, así como otros 515 millones provisionados por el Estado para concesionarias de autopistas de peaje, cuyo impacto total sigue siendo incierto.
Entre los litigios más recientes, la multinacional Oracle ha recurrido una sentencia de la Audiencia sobre su fiscalidad en España, que implica un monto de 34 millones de euros. Asimismo, el Ministerio de Industria enfrenta reclamaciones por denegación de subvenciones o reintegro de ayudas que suman aproximadamente 138 millones. La situación se complica aún más con el conflicto entre las principales operadoras de telefonía móvil y el Gobierno, que ha llevado a estas empresas a dejar de abonar la tasa por reserva de dominio radioeléctrico.
Otro litigio relevante es el que enfrenta a IAG y Hacienda, relacionado con la carga tributaria de la integración de Iberia en el grupo IAG en 2011. La Airef también ha destacado casos de grandes empresas como Iberdrola y Endesa, que han demandado al Estado por las subidas de la tasa Enresa, reclamando un total de 778 millones de euros. Además, el litigio entre Hacienda y el Banco Santander por créditos fiscales diferidos generados tras la absorción del Banco Popular en 2017 ronda los 1.000 millones de euros.
La situación se vuelve aún más crítica cuando se consideran los pleitos ya materializados, que están pendientes de determinar su impacto final. Por ejemplo, el complemento de paternidad para los varones podría tener un impacto del 0,12% del PIB para este año. También se encuentra en esta categoría la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para operadores de telefonía móvil, lo que podría resultar en 850 millones de euros pendientes de compensación.
Finalmente, el juicio relacionado con el impuesto especial de hidrocarburos, declarado ilegal por el Supremo para el periodo entre 2013 y 2018, representa otro desafío. Los usuarios que pagaron este impuesto tienen derecho a su devolución, lo que podría implicar un impacto de hasta 6.500 millones de euros, dependiendo de cómo se resuelva la situación.
La complejidad de estos litigios y su potencial impacto en las finanzas públicas subraya la necesidad de una gestión fiscal cuidadosa y proactiva por parte de la Administración. La incertidumbre que rodea a estos pleitos no solo afecta las cuentas públicas, sino que también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del gasto público en un contexto económico cada vez más desafiante.
