El futuro de la energía nuclear en España se encuentra en un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la central nuclear de Almaraz. Las empresas que operan esta instalación, Iberdrola, Endesa y Naturgy, están en conversaciones para modificar el calendario de cierre de la planta, buscando extender su operación por al menos tres años más. Este movimiento responde a la complejidad y los plazos asociados con la infraestructura nuclear, así como a la necesidad de garantizar la seguridad y la eficiencia operativa de la planta.
La propuesta de las energéticas no se formalizará de la manera que el Gobierno había solicitado, es decir, mediante un documento escrito. En cambio, se espera que se presente una solicitud formal de retraso en el cierre, que podría no llegar hasta marzo de 2026. Este retraso permitiría a las empresas ganar tiempo para negociar con el Gobierno y abordar los costos asociados con la actualización de los sistemas de seguridad y la formación del personal.
### La Necesidad de Inversiones en Seguridad y Operación
Uno de los principales argumentos que las empresas están utilizando para justificar esta extensión es la necesidad de realizar inversiones significativas en la planta. Se estima que se requerirán alrededor de 13 millones de euros para actualizar los sistemas de seguridad y garantizar que el personal esté debidamente capacitado. Además, las empresas deben solicitar combustible adicional para operar hasta 2030, año en el que la central tiene autorización para seguir funcionando.
Las energéticas argumentan que cerrar las plantas nucleares de manera descoordinada podría generar riesgos operativos. En particular, mencionan la incoherencia de cerrar Almaraz I, que cuenta con dos reactores, sin tener en cuenta el cierre del segundo reactor, que está programado para dos años después. Este tipo de cierre escalonado podría complicar la gestión operativa y aumentar los riesgos de seguridad.
Otro punto que se ha planteado es la ley que establece que Enresa, la entidad responsable del desmantelamiento de las centrales nucleares, no comenzaría su trabajo hasta 2030. Las empresas han expresado su preocupación de que, si se cierra Almaraz en 2027, la planta podría quedar inactiva durante años, similar a lo que ocurrió con la central de Garoña, que estuvo parada sin producir electricidad y sin ser desmantelada durante un largo periodo.
### El Debate sobre el Coste del Desmantelamiento
Uno de los principales obstáculos en la negociación entre las energéticas y el Gobierno es quién asumirá el coste del desmantelamiento de la central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han cambiado su postura inicial de rechazo a considerar un retraso, pero han dejado claro que cualquier modificación en el calendario debe ser solicitada por las empresas y que ellas deben asumir los costes asociados.
El principio de «quien contamina paga» es fundamental en esta discusión. El presidente ha enfatizado que no se puede trasladar el coste del desmantelamiento a los ciudadanos. Santiago Araluce, presidente del Foro Nuclear, ha defendido que la tasa Enresa, que cubre los costes de desmantelamiento y gestión de residuos, no debería ser asumida por los ciudadanos, sino por las empresas que operan las centrales. Esta tasa, que desde 2024 es de 10,3 euros por MWh, está actualmente en disputa en los tribunales por las empresas del sector.
Además de la tasa Enresa, las energéticas están pidiendo una revisión de los impuestos que afectan a la tecnología nuclear. Argumentan que la carga fiscal que soportan es desproporcionada en comparación con otras fuentes de energía, lo que les impide ser competitivas en el mercado. En particular, han mencionado impuestos específicos como el de combustible gastado y las ecotasas autonómicas que solo aplican en ciertas regiones, como Extremadura y Cataluña.
El presidente Sánchez ha sido claro en que cualquier modificación de la tasa Enresa podría ser considerada como una ayuda de Estado por parte de la Unión Europea, lo que complicaría aún más la situación. Las energéticas se encuentran en una encrucijada, donde deben equilibrar sus necesidades operativas y financieras con las exigencias del Gobierno y las regulaciones europeas.
La situación actual refleja un momento decisivo para la energía nuclear en España. Con la presión de los plazos y la necesidad de inversiones significativas, las empresas deben actuar con rapidez y estrategia para asegurar el futuro de la central de Almaraz y, potencialmente, de otras instalaciones nucleares en el país. La negociación entre las energéticas y el Gobierno será crucial en los próximos meses, ya que ambas partes buscan un equilibrio que permita la continuidad de la operación de las centrales nucleares en un contexto de creciente demanda energética y necesidad de sostenibilidad.
