La política en España ha encontrado un camino alternativo para mantener a sus figuras más destacadas en el juego, incluso después de dejar sus cargos electos. Este fenómeno se manifiesta a través de la figura de los asesores, un puesto que, aunque puede parecer técnico y especializado, a menudo se convierte en una herramienta para garantizar sueldos públicos a políticos que ya no ocupan un cargo electo. Este artículo explora cómo los partidos políticos utilizan estas posiciones para asegurar la continuidad financiera de sus miembros, así como la falta de transparencia que rodea a estos puestos.
La práctica de nombrar asesores ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en una estrategia común entre las diferentes formaciones políticas. Los asesores pueden ser desde expertos en áreas específicas hasta personas que, en la práctica, realizan funciones que no tienen relación directa con su título. Este sistema permite a los partidos colocar a sus miembros en posiciones bien remuneradas, a menudo financiadas por el erario público. En el Gobierno central, por ejemplo, existen 795 plazas de asesor, mientras que en el Gobierno Vasco hay 121, lo que demuestra la magnitud de esta práctica.
### La Estrategia de los Partidos Políticos
Los partidos políticos han desarrollado un sistema que les permite colocar a sus miembros en posiciones de asesoría, asegurando así una nómina que, de otro modo, podría no estar disponible. Esta estrategia es especialmente atractiva para aquellos que han ocupado cargos de responsabilidad y que, al dejar sus puestos, necesitan una forma de mantenerse financieramente. La falta de regulación clara en cuanto a las funciones de estos asesores permite que muchos de ellos realicen labores que no están directamente relacionadas con la administración pública, sino más bien con las actividades internas del partido.
Por ejemplo, el PNV ha sido criticado por utilizar estas posiciones para colocar a sus dirigentes en el Gobierno Vasco. Un caso notable es el de Miren Martiarena, quien fue nombrada asesora en el departamento de Educación poco después de dejar su cargo como directora de Buen Gobierno. Su salario anual asciende a 80.263 euros, una cifra que refleja el alto costo de mantener a estos políticos en el sistema. Este tipo de prácticas no son exclusivas del PNV; otras formaciones como EH Bildu, PSE-EE y PP también han utilizado sus cuotas de asesores para colocar a sus jefes de gabinete y directores de comunicación en posiciones similares.
La falta de transparencia en la selección y las funciones de estos asesores es un tema recurrente. La información sobre quiénes son y qué hacen a menudo es difícil de obtener, ya que las instituciones no facilitan datos claros sobre estos perfiles. Esto genera un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos, quienes pueden cuestionar la legitimidad de estos nombramientos y la utilización de fondos públicos para financiar salarios que, en muchos casos, no parecen estar justificados por el trabajo realizado.
### Consecuencias de la Recolocación de Políticos
La práctica de colocar a ex-políticos en puestos de asesoría tiene varias consecuencias. En primer lugar, se plantea la cuestión de la ética en la política. Muchos ciudadanos se sienten frustrados al ver que sus impuestos se utilizan para pagar sueldos a personas que, en teoría, ya no deberían estar en el sistema. Esto puede llevar a una percepción negativa de la política y a un aumento de la desconfianza en las instituciones.
Además, esta situación puede afectar la calidad del servicio público. Si los asesores no están realmente comprometidos con las funciones que se espera que desempeñen, la eficacia de la administración puede verse comprometida. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de estos puestos pueden dar lugar a un uso ineficiente de los recursos públicos.
Por otro lado, la colocación de ex-políticos en estos puestos puede limitar las oportunidades para nuevos talentos y profesionales que podrían aportar frescura y nuevas ideas a la administración pública. En lugar de abrir las puertas a personas con experiencia y habilidades relevantes, el sistema actual parece favorecer a aquellos que ya están dentro del círculo político, perpetuando una cultura de nepotismo y favoritismo.
En resumen, la figura del asesor se ha convertido en un elemento clave en la estrategia de los partidos políticos para mantener a sus miembros en el sistema, a menudo a expensas de la transparencia y la eficiencia en la administración pública. La necesidad de una revisión de estas prácticas es evidente, ya que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones depende de la capacidad de estas para operar de manera justa y responsable.
