La necesidad de una Ley de Transparencia en Euskadi ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente entre los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco. A pesar de que todos coinciden en la importancia de contar con una normativa que garantice la transparencia en la gestión pública, las diferencias en cuanto a su contenido y la forma en que se ha abordado su desarrollo han generado un clima de escepticismo. Desde 2012, el Gobierno Vasco ha intentado en varias ocasiones implementar esta ley, pero hasta la fecha, los esfuerzos han resultado infructuosos.
**Un Proceso Legislativo en Suspenso**
El próximo 25 de septiembre se cerrará el plazo para presentar enmiendas al texto de la ley que fue presentado por el Ejecutivo de Pradales la pasada primavera. Sin embargo, la posibilidad de que se solicite una prórroga podría retrasar aún más la aprobación de la norma, llevándola hasta el otoño o invierno. Los partidos como EH Bildu, PP, Sumar y Vox han estado trabajando en sus enmiendas y han expresado su preocupación por la falta de atención del Gobierno a sus propuestas. La coalición independentista EH Bildu ha sido especialmente crítica, señalando que desde 2012 han presentado numerosas iniciativas que han sido desestimadas. Lamia Arcas, parlamentaria de EH Bildu, ha manifestado que la falta de modificaciones en el texto actual demuestra una clara falta de interés por parte del Gobierno.
La situación se complica aún más cuando se considera que Euskadi es la única comunidad autónoma en España que no cuenta con una ley de transparencia. Esta realidad ha llevado a los partidos de la oposición a exigir un compromiso real por parte del Gobierno para enriquecer el texto con aportaciones que garanticen una mayor transparencia y participación ciudadana.
**Controversias en el Texto Propuesto**
Uno de los puntos más debatidos en el texto de la ley es la figura de la Autoridad Vasca de la Transparencia. Ainhoa Domaica, parlamentaria del PP, ha señalado que esta autoridad no debería depender del Ejecutivo, sugiriendo que su nombramiento debería ser realizado por el Parlamento Vasco para asegurar su imparcialidad. Además, ha criticado el régimen sancionador propuesto, que establece sanciones económicas significativamente más bajas para los cargos públicos en comparación con las entidades privadas. Esta disparidad ha sido calificada como una falta de ambición por parte del Gobierno, que podría haber aprovechado la oportunidad para establecer un marco más robusto y equitativo.
Por su parte, Jon Hernández, parlamentario de Sumar, ha expresado que, aunque la ley llega tarde y con deficiencias, aún hay tiempo para realizar mejoras significativas. Sumar ha preparado un conjunto de enmiendas que abordan la independencia de la Autoridad Vasca de la Transparencia y la necesidad de un registro único para lobbies, entre otros aspectos. La falta de inclusión de las diputaciones en el alcance de la ley también ha sido un punto de crítica.
Vox, por su parte, ha manifestado su desconfianza en que el proyecto legislativo logre cambiar la dinámica de opacidad que, según ellos, ha caracterizado al Gobierno Vasco. La falta de voluntad política para abordar la transparencia de manera efectiva ha sido un tema recurrente en las intervenciones de los partidos de la oposición.
**Expectativas y Futuro de la Ley**
El clima de escepticismo que rodea a la Ley de Transparencia en Euskadi refleja una preocupación más amplia sobre la rendición de cuentas en la gestión pública. A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de enmiendas, los partidos de la oposición continúan presionando para que sus propuestas sean consideradas. La falta de un marco legal claro y efectivo para la transparencia en Euskadi no solo afecta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para gestionar de manera responsable y abierta.
La Ley de Transparencia, tal como se ha presentado hasta ahora, ha sido objeto de críticas por su falta de ambición y por no abordar adecuadamente las preocupaciones planteadas por los partidos de la oposición. A medida que el debate avanza, será crucial observar cómo el Gobierno Vasco responde a estas demandas y si se logrará finalmente establecer un marco normativo que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
