La discusión sobre el impuesto de patrimonio en España ha cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente en el contexto de la relación entre la derecha política y los nacionalistas. Este impuesto, que afecta a los sectores más acomodados, ha sido objeto de críticas por parte de la patronal catalana y otros empresarios que buscan su derogación o, al menos, una reforma significativa. La pregunta que surge es si esta oposición a la fiscalidad puede unir a las fuerzas políticas de derecha y nacionalistas en un frente común que amenace la estabilidad del gobierno actual liderado por Pedro Sánchez.
La patronal catalana Foment, junto con un grupo de destacados empresarios, ha lanzado una ofensiva contra el impuesto de patrimonio. Su propuesta se centra en buscar un acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Junts, el partido nacionalista catalán, para reformar este gravamen. La idea es crear una mayoría parlamentaria que supere a las fuerzas que defienden la continuidad del impuesto. La propuesta de enmienda presentada por Foment sugiere que se deduzcan de este impuesto los rendimientos del trabajo y de las actividades profesionales de los últimos once años, lo que podría significar que los contribuyentes no paguen si sus rentas superan el valor de su patrimonio neto.
### La Propuesta de Reforma y sus Implicaciones
La enmienda propuesta por Foment busca dejar exentos de este impuesto aquellos bienes y derechos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los rendimientos del trabajo y actividades económicas obtenidos por el contribuyente. Esto incluye tanto los ingresos del año en curso como los de los diez años anteriores, siempre que hayan sido declarados en el IRPF. Esta medida, si se implementa, afectaría principalmente a las rentas del trabajo y las actividades profesionales, excluyendo las plusvalías y las rentas del capital.
El impuesto de patrimonio, que se encuentra vigente desde 1991, ha sido objeto de críticas por su impacto en la economía y su capacidad para generar ingresos. En diciembre de 2022, se introdujo un nuevo gravamen, el “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”, que grava la riqueza neta que supera los tres millones de euros. Este impuesto fue creado para contrarrestar la deducción casi total del impuesto de patrimonio en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que han utilizado sus competencias para reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes.
Foment ha llevado su lucha contra el impuesto a los tribunales, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional y una demanda en la Audiencia Nacional. Sin embargo, también está explorando vías intermedias para reducir su impacto mientras el impuesto siga vigente. La propuesta ha sido bien recibida por el PP y Junts, aunque ambos partidos tienen diferentes visiones sobre cómo proceder. Mientras que el PP se muestra favorable a derogar el impuesto por completo, Junts parece más abierto a la posibilidad de negociar cambios que no pongan en peligro la estabilidad del gobierno actual.
### La Posición de los Partidos Políticos
El PP, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que su intención es eliminar el impuesto de patrimonio una vez que lleguen al gobierno. Argumentan que este gravamen no existe en la mayoría de los países europeos y que su mantenimiento provoca la fuga de contribuyentes que buscan residencias en otros lugares con cargas fiscales más ligeras. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha señalado que la eliminación del impuesto es una prioridad para su partido, citando el ejemplo de Francia, donde Emmanuel Macron lo eliminó por razones similares.
Por su parte, Junts ha manifestado su disposición a apoyar la propuesta de Foment si el PP decide presentarla. La formación independentista ha expresado que están a favor de cualquier medida que implique una reducción de impuestos, lo que podría facilitar un acuerdo entre ambas fuerzas políticas. Sin embargo, también han advertido que cualquier cambio en el modelo fiscal debe ser abordado de manera integral, considerando aspectos como el “dumping” fiscal que se produce en Madrid.
La relación entre el PP y Junts en el ámbito fiscal ha sido reconocida por ambos partidos, aunque la coyuntura política actual limita las posibilidades de avanzar en esta dirección. La patronal catalana ha argumentado que la normalización de Junts en la política española podría crear un frente parlamentario conservador que se oponga a diversas medidas del gobierno, incluyendo la reducción de la jornada laboral y el impuesto temporal a las energéticas.
A medida que el debate sobre el impuesto de patrimonio continúa, queda por ver si la presión de los empresarios y la búsqueda de un acuerdo entre la derecha y los nacionalistas podrán influir en la política fiscal de España. La situación actual plantea un escenario complejo donde los intereses económicos y políticos se entrelazan, lo que podría tener repercusiones significativas en el futuro del gobierno de Pedro Sánchez y en la estructura fiscal del país.
