El Ministerio de Economía ha decidido implementar inteligencia artificial para gestionar la avalancha de respuestas que ha recibido a su consulta pública sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Sabadell. Esta decisión ha suscitado un intenso debate, dado que muchas de las respuestas son consideradas irrelevantes o incluso burlonas. La consulta, que se lanzó recientemente, ha sido objeto de críticas por su diseño, que permite a cualquier persona enviar múltiples formularios sin necesidad de verificación de identidad, lo que ha llevado a situaciones en las que los usuarios pueden hacerse pasar por figuras reconocidas en el ámbito económico.
### La Controversia de la Consulta Pública
Desde su anuncio, la consulta ha generado un gran revuelo. Los críticos argumentan que el formato del formulario es inadecuado para un asunto de tal envergadura. La posibilidad de que individuos se hagan pasar por actores relevantes, como el propio BBVA o Sabadell, ha levantado preocupaciones sobre la integridad del proceso. El Ministerio de Economía ha defendido su enfoque, argumentando que el formulario es una herramienta ágil para recopilar información sin la necesidad de certificados electrónicos, lo que podría complicar la participación del público.
Sin embargo, expertos en derecho y economía han expresado su escepticismo sobre la utilidad de esta consulta. Rafael Allendesalazar, socio director de un despacho de abogados, ha señalado que, aunque la consulta no está prohibida, carece de un marco legal sólido. Según él, este tipo de consultas deberían estar reservadas para la elaboración de normas generales y no para decisiones administrativas específicas. Otros abogados han coincidido en que, aunque no hay impedimentos legales claros, la consulta podría ser vista como una maniobra de distracción que podría enviar un mensaje confuso a empresas e inversores.
### Implicaciones para el Mercado y la Regulación
La consulta ha sido criticada no solo por su diseño, sino también por las implicaciones que podría tener en el mercado. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha calificado la iniciativa de «frivolidad» y ha advertido sobre el riesgo de que las decisiones se tomen de manera arbitraria. Esta percepción de falta de seriedad podría afectar la confianza de los inversores en el proceso regulatorio. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha expresado preocupaciones similares, sugiriendo que la consulta podría descalificar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya había analizado la operación y rechazado las alegaciones de ciertas asociaciones empresariales.
El Ministerio de Economía, por su parte, ha insistido en que el objetivo de la consulta es aportar valor al proceso y que la metodología utilizada es válida. Aseguran que la información recopilada será depurada automáticamente para identificar aportaciones cualitativas, no cuantitativas. Sin embargo, el hecho de que la consulta no sea una votación ha llevado a muchos a cuestionar su efectividad y relevancia.
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrolla esta consulta. Con un gobierno que busca fortalecer su imagen y legitimidad en la toma de decisiones económicas, la percepción de que se está utilizando un mecanismo poco serio para abordar un tema tan crítico puede tener repercusiones a largo plazo. La falta de confianza en el proceso podría llevar a una mayor resistencia por parte de los actores del mercado, quienes podrían ver la consulta como un intento de manipulación política en lugar de un esfuerzo genuino por obtener opiniones valiosas.
En resumen, la consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell ha desatado un debate sobre la seriedad y la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana en decisiones económicas cruciales. A medida que el Ministerio de Economía avanza en este proceso, será fundamental observar cómo se gestionan las críticas y qué impacto tendrá esta iniciativa en la percepción pública y en el mercado en general.
