El asesinato de Gregorio Ordóñez, un político del Partido Popular, sigue siendo un caso relevante en la historia reciente de España. En 1995, Ordóñez fue asesinado en San Sebastián, un acto que conmocionó al país y que, décadas después, continúa siendo objeto de investigaciones judiciales. Recientemente, la Audiencia Nacional ha decidido citar a declarar a varios exmiembros de la dirección de ETA, lo que ha reavivado el interés por este caso y ha llevado a la opinión pública a reflexionar sobre el impacto del terrorismo en la política española.
### Contexto del Asesinato de Ordóñez
Gregorio Ordóñez fue un destacado concejal del PP en San Sebastián, conocido por su firme postura contra el terrorismo y su defensa de la democracia. Su asesinato fue llevado a cabo por el ‘comando Donosti’, un grupo de ETA que operaba en la región. Francisco Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, fue el autor material del crimen, junto a Valentín Lasarte y Juan Ramón Karasatorre, apodado ‘Zapata’. Estos tres individuos fueron condenados por el asesinato, pero la pregunta que persiste es quiénes fueron los que dieron la orden de llevar a cabo este acto violento.
La Audiencia Nacional ha decidido investigar más a fondo este asunto, citando a declarar a figuras clave de la cúpula de ETA de la época, como Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, y Juan Luis Aguirre Lete, conocido como ‘Insuntza’. Estos exdirigentes están acusados de haber tomado la decisión de asesinar a Ordóñez, lo que les convierte en potenciales responsables del crimen, aunque no hayan sido los ejecutores directos.
El juez Francisco de Jorge ha programado las declaraciones para el 10 de septiembre, y se espera que se realicen por videoconferencia, dado que los acusados se encuentran en libertad. Este proceso judicial es crucial, ya que busca esclarecer la cadena de mando dentro de ETA y determinar quiénes fueron los responsables de la planificación del asesinato.
### La Investigación Judicial y sus Implicaciones
La decisión de la Audiencia Nacional de ampliar el plazo de investigación hasta enero de 2026 refleja la complejidad del caso y la necesidad de reunir más pruebas. El juez ha indicado que existen «datos y circunstancias de valor fáctico» que sugieren la probabilidad de que los acusados hayan ordenado el asesinato de Ordóñez. Esta investigación no solo busca justicia para la familia de la víctima, sino que también tiene implicaciones más amplias sobre cómo se ha tratado el terrorismo en España y la responsabilidad de quienes estaban en posiciones de liderazgo en ETA.
Además de la investigación sobre el asesinato de Ordóñez, la Audiencia Nacional también está revisando otros casos relacionados con ETA. Por ejemplo, se ha ordenado al juez Ismael Moreno que investigue el asesinato del fiscal Luis Portero en 2000, un crimen que también ha dejado huellas profundas en la sociedad española. En este contexto, se están solicitando informes sobre la autoría de notas manuscritas incautadas al ‘comando Andalucía’, así como sobre la trazabilidad de los explosivos y armas utilizados en el atentado.
La búsqueda de justicia en estos casos es un proceso largo y complicado, que a menudo se enfrenta a obstáculos legales y emocionales. Las víctimas y sus familias esperan que la justicia se sirva, no solo para honrar la memoria de los que han perdido la vida, sino también para enviar un mensaje claro de que el terrorismo no será tolerado y que sus perpetradores enfrentarán las consecuencias de sus actos.
La atención mediática y pública sobre estos casos es fundamental para mantener viva la memoria de las víctimas y para asegurar que las lecciones del pasado no se olviden. La historia de España está marcada por el sufrimiento causado por el terrorismo, y es responsabilidad de la sociedad recordar y reflexionar sobre estos eventos para construir un futuro más pacífico y justo.
La citación de la excúpula de ETA para declarar sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez es un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sociedad española observa con atención, esperando que se haga justicia y que se reconozca el sufrimiento de las víctimas del terrorismo.
