En un contexto de creciente preocupación por la independencia judicial en España, cinco asociaciones de jueces y fiscales han llevado su denuncia a Estrasburgo. Este viaje, realizado el pasado martes, tiene como objetivo alertar sobre lo que consideran una alarmante politización de la Justicia en el país. Las reformas impulsadas por el Gobierno, que otorgan más poder al Fiscal General del Estado, han sido calificadas por los representantes de estas asociaciones como una mera «operación de maquillaje» que amenaza la separación de poderes y el Estado de Derecho.
### La Denuncia de los Representantes Judiciales
Las asociaciones que han participado en esta iniciativa incluyen la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Independiente de Fiscales. Durante su estancia en Estrasburgo, se reunieron con varios grupos políticos del Parlamento Europeo, excluyendo a los socialdemócratas, y con figuras clave como la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, expresó su preocupación por las reformas que están siendo implementadas en el sistema judicial español. Estas reformas incluyen la modificación del proceso de acceso a la carrera judicial, que, según Dexeus, busca facilitar la inclusión de jueces y fiscales sustitutos sin los rigurosos exámenes que actualmente se exigen. Esta situación podría abrir la puerta a la «colonización» de la carrera judicial por parte de perfiles afines al Gobierno, lo que, a su juicio, comprometería la independencia del poder judicial.
Además, Dexeus criticó la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, según ella, tiene como objetivo aumentar el poder del Fiscal General del Estado. Esta reforma propone que el mandato del Fiscal General se extienda a cinco años, en lugar de cuatro, y que no finalice con el cese del Gobierno, lo que podría dar lugar a una falta de contrapesos al poder de esta figura. «La separación entre el Gobierno y el Fiscal General se ve comprometida, lo que podría tener graves consecuencias para la justicia en España», advirtió Dexeus.
### Implicaciones de las Reformas en el Sistema Judicial
Las reformas propuestas han generado un amplio debate en la sociedad española, especialmente entre los profesionales del derecho. Los jueces y fiscales consideran que estas modificaciones no solo benefician al Gobierno, sino que también buscan proteger a sus miembros de posibles investigaciones judiciales. Esta percepción ha llevado a un clima de desconfianza hacia el sistema judicial, que se ve amenazado por la injerencia política.
Alejandro González Mariscal de Gante, representante de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, subrayó que el viaje a Estrasburgo es una continuación de la huelga de tres días que llevaron a cabo los jueces y fiscales a principios de mes. Esta huelga fue una respuesta a las reformas que, según ellos, están deteriorando las garantías fundamentales de los ciudadanos, como la separación de poderes y el Estado de Derecho. La situación actual ha llevado a muchos a cuestionar la imparcialidad del sistema judicial y su capacidad para actuar de manera independiente.
El viaje a Estrasburgo también tiene un componente simbólico, ya que busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de la justicia en España. Los representantes de las asociaciones esperan que su mensaje resuene en Europa y que se tomen medidas para salvaguardar la independencia judicial en el país. La politización de la justicia no es un fenómeno nuevo, pero las reformas actuales han intensificado las preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial español.
En este contexto, es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre los cambios que se están llevando a cabo en el sistema judicial y sus posibles repercusiones. La defensa de la independencia judicial es esencial para garantizar un Estado de Derecho sólido y funcional. Las asociaciones de jueces y fiscales han hecho un llamado a la acción, instando a la sociedad a estar alerta y a exigir un sistema judicial que funcione sin interferencias políticas.
La situación actual plantea un desafío significativo para la democracia en España. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, y su erosión puede tener consecuencias graves para la sociedad en su conjunto. A medida que las reformas continúan avanzando, la vigilancia y la participación activa de los ciudadanos se vuelven más cruciales que nunca.
