La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de Isabel Pardo de Vera, exdirectora de ADIF, en relación con la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Este caso se enmarca dentro de una investigación más amplia conocida como el ‘caso Koldo’, que ha captado la atención de la opinión pública debido a las implicaciones políticas y administrativas que conlleva. La Audiencia Nacional ha recibido un informe que respalda esta solicitud, lo que ha llevado a la apertura de un proceso judicial que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político español.
La contratación de Jésica Rodríguez ha sido objeto de controversia desde que se reveló que esta persona había cobrado sin desempeñar ninguna función laboral en dos empresas públicas: Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Tragsatec. La primera de estas contrataciones se realizó bajo el ministerio de Ábalos, mientras que la segunda dependía de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Rodríguez, en su declaración ante el Supremo, admitió que no trabajó un solo día durante el tiempo que estuvo contratada, lo que ha generado sospechas sobre la legalidad de su contratación.
El caso ha tomado un giro inesperado tras la remisión de un nuevo atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento incluye un intercambio de mensajes entre Pardo de Vera y Koldo García, asesor de Ábalos, donde se evidencia la presión ejercida para acelerar la contratación de Rodríguez. En uno de los mensajes, García expresa su preocupación por la situación, indicando que la contratación debía llevarse a cabo con urgencia. La respuesta de Pardo de Vera confirma su implicación en el proceso, lo que ha llevado a los investigadores a considerar su papel como clave en la posible irregularidad de la contratación.
La implicación de Pardo de Vera en este caso no solo se limita a la contratación de Rodríguez, sino que también se extiende a su relación cercana con Ábalos. Durante el tiempo que estuvo en el cargo, Pardo de Vera fue considerada una figura de confianza del exministro, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas en el ámbito de ADIF. La investigación busca determinar si hubo un uso indebido de su posición para favorecer a personas cercanas a su círculo personal.
Los mensajes intercambiados entre Pardo de Vera y García son un elemento crucial en la investigación. En uno de ellos, García solicita que se inicien los trámites para la contratación de Rodríguez, lo que pone de manifiesto la conexión directa entre la exdirectora de ADIF y el proceso de selección. Este tipo de comunicación ha llevado a los fiscales a argumentar que Pardo de Vera podría haber actuado de manera irregular al facilitar la contratación de alguien que no cumplía con los requisitos necesarios para el puesto.
El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la causa en el Supremo, ha decidido remitir todas las actuaciones relacionadas con la contratación de Rodríguez a la Audiencia Nacional. Esto se debe a la necesidad de evaluar si existen indicios suficientes para considerar que Pardo de Vera pudo haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones. La decisión de remitir el caso a la Audiencia Nacional también sugiere que las autoridades están tomando en serio las acusaciones y están dispuestas a investigar a fondo las posibles irregularidades.
Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de Pardo de Vera en ADIF, sino que también plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la administración pública. La contratación de personal en empresas estatales debe seguir un proceso riguroso y transparente, y cualquier indicio de favoritismo o irregularidad puede socavar la confianza del público en las instituciones. La Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que no escatimará esfuerzos para investigar a fondo este asunto y llevar a los responsables ante la justicia.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la relación entre Pardo de Vera y Ábalos, así como sobre el proceso de contratación en ADIF. La opinión pública está atenta a los desarrollos de este caso, que podría tener un impacto significativo en la política española y en la percepción de la corrupción en las instituciones públicas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema, y este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en España.
