La reciente decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de investigar los presuntos crímenes cometidos en la Franja de Gaza ha generado un gran revuelo en el ámbito internacional. Esta acción se produce en respuesta a un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que sugiere la posible comisión de genocidio y otros delitos de lesa humanidad por parte del Ejército de Israel. La creación de un equipo de trabajo conjunto, que incluye a la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y al jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, marca un hito en la respuesta de España ante las violaciones de derechos humanos en conflictos armados.
La investigación se centra en las acciones del Ejército israelí contra la población civil en Gaza, que, según el decreto interno emitido por García Ortiz, podrían ser contrarias al Derecho Internacional. Este enfoque se asemeja a la respuesta de España ante la guerra en Ucrania, donde se buscó colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar crímenes de guerra. La intención del Ministerio Público es recabar pruebas que serán puestas a disposición del TPI, que ya ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
### Contexto Legal y Obligaciones Internacionales
El marco legal que permite a España actuar en este caso se encuentra en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que otorga jurisdicción a los tribunales españoles para perseguir delitos que deben ser investigados obligatoriamente por tratados internacionales. Esto incluye crímenes de genocidio y lesa humanidad, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio español. Sin embargo, la ley establece que la investigación solo puede llevarse a cabo si el procedimiento se dirige contra un español o un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición haya sido denegada.
El fiscal general ha subrayado que España no solo es parte de la CPI, sino que también ha intervenido formalmente en el caso promovido por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los crímenes en Gaza. Esta intervención se realizó el 28 de junio de 2024, lo que demuestra el compromiso del país en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales. Además, un informe reciente de una comisión de Naciones Unidas ha calificado los eventos en Gaza como genocidio, instando a Israel a detener las hostilidades y a los miembros de la ONU a colaborar con la investigación del TPI.
La fiscal Delgado ha confirmado que existen indicios de genocidio y que hay víctimas españolas en Gaza, lo que añade un elemento de urgencia a la investigación. La recopilación de pruebas se considera esencial para fortalecer el caso ante la CPI y asegurar que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el conflicto.
### Implicaciones de la Investigación
La decisión de investigar los crímenes en Gaza tiene múltiples implicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, refuerza el compromiso de España con la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. La creación de un equipo de trabajo especializado en este tipo de investigaciones es un paso significativo hacia la consolidación de una política exterior más activa en la promoción de la justicia internacional.
A nivel internacional, la colaboración con la CPI y la CIJ puede sentar un precedente para otros países que enfrentan situaciones similares. La acción de España podría inspirar a otras naciones a seguir su ejemplo y a tomar medidas contra la impunidad en conflictos armados. Además, el hecho de que se reconozcan las víctimas españolas en este contexto puede aumentar la presión sobre las autoridades israelíes y contribuir a un mayor escrutinio internacional sobre sus acciones en Gaza.
El desarrollo de esta investigación será observado de cerca por organizaciones de derechos humanos, gobiernos y la comunidad internacional en general. La capacidad de España para llevar a cabo una investigación exhaustiva y objetiva será crucial para determinar la viabilidad de los cargos de genocidio y otros delitos de lesa humanidad. La transparencia y la integridad del proceso serán fundamentales para garantizar que se haga justicia y que las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen.
La decisión del fiscal general de investigar los crímenes en Gaza representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas en el ámbito internacional. A medida que se avanza en esta investigación, será esencial mantener un enfoque centrado en los derechos humanos y en la búsqueda de justicia para todas las víctimas de este conflicto devastador.
