La situación de las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19 ha sido un tema de gran controversia y dolor en España. En particular, la Comunidad de Madrid ha estado en el centro de la atención debido a las decisiones tomadas por sus altos cargos en relación con la atención médica de los residentes. Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar a dos ex altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, en calidad de imputados por su implicación en los protocolos que restringieron el traslado de ancianos a hospitales durante la crisis sanitaria.
Los protocolos en cuestión, firmados y elaborados por Mur y Martínez Peromingo, establecieron criterios que impedían el traslado de pacientes a hospitales, basándose en condiciones como el uso de silla de ruedas o el deterioro cognitivo. Esta decisión ha sido objeto de críticas severas, ya que se considera que contribuyó a un alto número de muertes en residencias, lo que ha llevado a una denuncia colectiva presentada por familiares de las víctimas. La denuncia, que fue coordinada por las organizaciones ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’, argumenta que estas decisiones constituyen un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el Código Penal.
### Contexto de la Denuncia Colectiva
La denuncia colectiva fue presentada en octubre del año pasado y ha sido un esfuerzo conjunto de 109 familiares de ancianos que fallecieron en residencias durante la pandemia. La Fiscalía Provincial de Madrid decidió reabrir el caso el 1 de abril, después de que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. Este giro en la investigación se produce en un contexto donde las decisiones tomadas por el Gobierno de Ayuso han sido objeto de un intenso escrutinio público y mediático.
Los denunciantes esperan que la investigación arroje luz sobre la verdad de lo ocurrido en las residencias y que se tomen medidas contra aquellos que, según ellos, son responsables de las muertes. Hasta ahora, las investigaciones judiciales se habían centrado en directores y médicos de residencias, pero nunca en los altos funcionarios que diseñaron y aplicaron los protocolos que llevaron a la denegación de atención médica a los ancianos.
Las organizaciones que han impulsado la denuncia colectiva han expresado su satisfacción por el hecho de que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar como imputados. Esto marca un cambio significativo en la dirección de la investigación, que hasta ahora había eludido la responsabilidad de quienes estaban en posiciones de poder y toma de decisiones.
### Implicaciones de los Protocolos en la Atención a Ancianos
Los protocolos de atención a ancianos durante la pandemia han sido objeto de un intenso debate. La decisión de no permitir el traslado de residentes a hospitales ha sido vista como una medida que priorizó la gestión de recursos sanitarios en un momento crítico, pero que tuvo consecuencias devastadoras para muchos ancianos. La falta de atención médica adecuada en las residencias ha sido denunciada como un acto de discriminación que ha costado vidas.
Carlos Mur, quien ocupaba el cargo de director de Coordinación Sociosanitaria al inicio de la pandemia, fue el firmante del protocolo que bloqueó el traslado de ancianos enfermos. Su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, fue el encargado de implementar el protocolo técnico que complementaba el anterior. Ambos se enfrentan a serias acusaciones que podrían tener repercusiones legales significativas.
La denuncia colectiva ha sido dividida entre varias fiscalías, lo que ha permitido una atención más focalizada en los casos de los denunciantes. La Fiscalía ha solicitado que se investiguen no solo los delitos de discriminación, sino también otros posibles delitos como homicidio imprudente y prevaricación, lo que podría llevar a un juicio conjunto de las distintas acusaciones.
La situación en las residencias durante la pandemia ha dejado una huella profunda en la sociedad española, y la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas es un reflejo del deseo de que se reconozcan las responsabilidades y se eviten tragedias similares en el futuro. La investigación en curso podría ser un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de la crisis sanitaria que afectó a los más vulnerables en la sociedad.
