El juez Juan Carlos Peinado ha programado un careo para el 14 de mayo entre Alfredo González, un testigo clave en la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, y la propia Álvarez. Este careo se produce en el contexto de una investigación más amplia que examina la legalidad de los nombramientos en la administración pública durante un periodo de cambio de gobierno.
Alfredo González, quien ocupó el cargo de vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en 2018, ha declarado que tramitó numerosos nombramientos de personal eventual, incluyendo el de Álvarez, sin conocer a la mayoría de los candidatos. Según su testimonio, su función se limitaba a remitir las propuestas al órgano competente para su nombramiento, argumentando que el proceso era habitual en un contexto de cambio de gobierno.
El juez ha mostrado su sorpresa ante la afirmación de González, señalando que en la administración pública se suelen exigir procesos rigurosos y selectivos para los nombramientos, especialmente cuando se trata de personal que percibe salarios de los presupuestos generales del Estado. González, sin embargo, defendió que los requisitos que normalmente se aplican no son pertinentes en el caso de personal eventual.
En este contexto, el juez preguntó a González sobre su relación con Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, quien era su superior jerárquico en ese momento. González confirmó que se reunía con Bolaños a diario para tratar diversos asuntos, lo que sugiere una cadena de mando clara en el proceso de contratación.
Por su parte, Bolaños ha declarado que la contratación de Álvarez se realizó conforme a la ley, y ha intentado desvincularse de cualquier irregularidad en el proceso. Álvarez, en su testimonio, ha indicado que fue contactada por Begoña Gómez para desempeñar el papel de asesora, tanto en cuestiones oficiales como privadas, y que su relación con Gómez se remonta a años atrás.
La investigación ha abierto una nueva línea que podría implicar delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Tanto Gómez como Álvarez están bajo investigación en este caso, lo que ha generado un gran interés mediático y político.
El contexto de esta investigación se sitúa en un periodo de cambio en el gobierno español, donde se han producido numerosas reestructuraciones en la administración pública. La contratación de personal eventual, que es más flexible en términos de requisitos y procesos, ha sido objeto de escrutinio, especialmente cuando se relaciona con figuras cercanas a altos cargos del gobierno.
El caso ha suscitado un debate sobre la transparencia y la legalidad en la contratación de personal en la administración pública, así como sobre la necesidad de establecer procedimientos más claros y rigurosos para evitar posibles abusos. La próxima audiencia del 14 de mayo será un momento clave para esclarecer las responsabilidades y el proceso detrás de la contratación de Álvarez, así como para determinar si se han cometido irregularidades en el proceso.
La atención se centra ahora en cómo se desarrollará el careo y qué nuevas evidencias podrían surgir de las declaraciones de González y Álvarez. La situación es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas en la administración pública y de la necesidad de mantener la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
