El 16 de abril de 2024 marcó el inicio de una investigación que ha sacudido la política española, centrada en Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Aunque la investigación comenzó con un enfoque limitado, ha evolucionado considerablemente, revelando conexiones y acusaciones que han captado la atención del público y los medios de comunicación.
La investigación fue abierta por el juez Juan Carlos Peinado, inicialmente centrada en dos aspectos: la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rescate de Air Europa. En sus primeras etapas, el caso se centraba en supuestas irregularidades en las adjudicaciones que Barrabés recibió de la Administración central, tras la intervención de Gómez en su favor. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, el enfoque cambió y se amplió a otros aspectos.
Uno de los puntos críticos de la investigación fue la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, que se estableció con la ayuda de Barrabés. Las cartas de recomendación que Gómez escribió a favor de Barrabés fueron fundamentales para la adjudicación de contratos por un total de 10,6 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía Europea intervino, reclamando la parte del procedimiento que involucraba fondos comunitarios, lo que llevó al juez a dejar de lado esa línea de investigación.
Con el paso del tiempo, la atención se centró en el rescate de Air Europa, que implicó un desembolso de 475 millones de euros por parte del gobierno español. A pesar de los vínculos entre Gómez y los responsables de Globalia, la Audiencia de Madrid no encontró indicios de delito en esta transacción, lo que complicó aún más la situación para el juez Peinado.
A medida que la investigación avanzaba, el caso adquirió un nuevo nivel de complejidad y tensión política. La revelación de que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, había sido convocado a La Moncloa por Gómez para discutir la creación de la cátedra, intensificó el escrutinio sobre la carrera académica de Gómez. Este hecho, junto con la declaración del presidente Sánchez como testigo, elevó la presión sobre el gobierno y sus instituciones.
La Abogacía del Estado, en representación del presidente, y la Fiscalía, junto con la defensa de Gómez, lanzaron una ofensiva legal contra el juez Peinado, acusándolo de prevaricación. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Madrid como la Audiencia Provincial respaldaron al juez, lo que fortaleció su posición y le permitió continuar con la investigación.
La situación se complicó aún más con la aparición de nuevos elementos en la investigación. La asociación ultraconservadora Hazte Oír amplió la demanda contra Gómez, lo que llevó al juez a incluir nuevos cargos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Además, correos electrónicos revelaron que María Cristina Álvarez Rodríguez, directora de Programas de la Secretaría de Presidencia, estaba involucrada en la gestión diaria de la cátedra de Gómez, lo que llevó a Peinado a abrir una nueva línea de investigación sobre la posible malversación de fondos públicos.
Este caso ha puesto de manifiesto la intersección entre la política, la academia y el mundo empresarial en España. Las implicaciones de las acciones de Gómez y su relación con figuras influyentes han generado un debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La evolución del caso Begoña es un recordatorio de cómo las investigaciones pueden transformarse y ampliar su alcance, revelando conexiones inesperadas y desafiando las narrativas iniciales.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, el caso continúa siendo un tema candente en la política española, con implicaciones que podrían afectar no solo a los involucrados, sino también a la percepción pública del gobierno y sus instituciones.
