En el contexto político actual, la izquierda abertzale ha vuelto a poner en práctica una estrategia que busca pactos judiciales para reconocer delitos y el daño causado a las víctimas de ETA, a cambio de penas menores que eviten la prisión. Este enfoque, que ya se había ensayado hace una década, ha resurgido con fuerza en los últimos tiempos, especialmente en el marco de juicios relacionados con actos que han sido considerados como humillaciones a las víctimas del terrorismo.
La reciente decisión de Sortu, el partido que representa a la izquierda abertzale, de aceptar la responsabilidad por los recibimientos a presos de ETA excarcelados, conocidos como ‘ongi etorris’, ha generado un amplio debate. Este tipo de actos, que son vistos como una falta de respeto hacia las víctimas, han sido objeto de críticas por parte de colectivos como Covite, que exigen una condena clara de la violencia de ETA y un reconocimiento explícito de que «matar estuvo mal». Sin embargo, Sortu argumenta que estos acuerdos son pasos hacia la convivencia y la reconciliación.
### Pactos Judiciales y Justicia Transicional
La práctica de buscar pactos judiciales no es nueva en el ámbito de la izquierda abertzale. Hace casi diez años, en el caso Segura, varios miembros de las antiguas direcciones de Batasuna, ANV y EHAK lograron evitar la prisión al aceptar condenas a cambio de reconocer su instrumentalización por parte de ETA. Este tipo de acuerdos se enmarcan en lo que se conoce como «justicia transicional», un concepto que se aplica en contextos donde se busca superar conflictos políticos y sociales.
En el juicio reciente sobre los ‘ongi etorris’, los acusados, entre ellos Antxon López Ruiz, conocido como ‘Kubati’, han asumido que estos actos efectivamente humillaban a las víctimas. Esta aceptación les ha permitido evitar la cárcel y, al mismo tiempo, fortalecer la narrativa de Sortu sobre la necesidad de reconocer el daño causado y trabajar hacia la reparación de las víctimas. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por organizaciones de víctimas que consideran que no es suficiente y que se necesita un reconocimiento más contundente de la violencia ejercida por ETA.
La autocrítica y el reconocimiento del daño son elementos clave en la estrategia de Sortu. A pesar de que han intentado hacer pedagogía interna para reducir los actos de homenaje a un ámbito más privado, la realidad es que estos eventos siguen generando tensiones y malestar entre las víctimas y sus familias. La postura de Covite, que ha rechazado participar en homenajes donde están presentes representantes de EH Bildu, refleja la profunda división que persiste en la sociedad vasca respecto a la memoria y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo.
### Reacciones y Consecuencias
La aceptación de culpabilidad por parte de los miembros de Sortu ha tenido repercusiones no solo en el ámbito judicial, sino también en la percepción pública de la izquierda abertzale. Mientras algunos ven estos movimientos como un avance hacia la reconciliación, otros los consideran insuficientes y meramente tácticos. La presión sobre Sortu para que adopte una postura más clara y contundente respecto a la violencia de ETA continúa creciendo, especialmente a medida que se acercan elecciones y se intensifican los debates sobre la memoria histórica.
Además, la estrategia de Sortu ha sido objeto de análisis en otros contextos judiciales. Recientemente, se conoció un acuerdo en el que 23 acusados por incidentes en un mitin del entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aceptaron un delito electoral a cambio de condenas menores. Este tipo de pactos, que evitan juicios prolongados, son cada vez más comunes en el sistema judicial español, lo que plantea interrogantes sobre la justicia y la responsabilidad en casos de delitos políticos.
La situación actual refleja un momento crítico para la izquierda abertzale y su relación con el pasado violento de ETA. A medida que buscan avanzar en su agenda política, la necesidad de reconciliarse con las víctimas y la sociedad en general se vuelve más apremiante. La forma en que manejen estos pactos judiciales y el reconocimiento del daño causado será fundamental para su futuro y su aceptación en el panorama político vasco.
En resumen, la izquierda abertzale se encuentra en una encrucijada. La búsqueda de pactos judiciales y el reconocimiento del daño a las víctimas son pasos que, aunque necesarios, deben ir acompañados de un compromiso genuino con la memoria y la reparación. La presión de colectivos de víctimas y la opinión pública jugarán un papel crucial en la evolución de esta situación, que sigue siendo un tema candente en la política vasca.
