El Tribunal Supremo (TS) ha decidido aplazar su fallo sobre la demanda presentada por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos, Ione Belarra. Esta decisión se produce en el contexto de una controversia legal que gira en torno a las declaraciones de Belarra en su cuenta personal de ‘X’, donde calificó a García Castellón de «corrupto» y «prevaricador». El tribunal ha otorgado un plazo de diez días a los abogados y a la Fiscalía para que se pronuncien sobre la competencia del tribunal en este caso, que podría determinar si el asunto debe ser juzgado como un tema civil o si Belarra, en su calidad de diputada, puede acogerse a la inmunidad parlamentaria.
La audiencia previa, presidida por Ignacio Sancho, se centró en la naturaleza de las manifestaciones de Belarra. El magistrado enfatizó que la cuestión clave es si las declaraciones se realizaron en el marco de su función como diputada, lo que le otorgaría protección legal, o si fueron expresiones de una ciudadana común, lo que llevaría el caso a los juzgados civiles. La defensa de Belarra argumenta que sus comentarios son parte de su actividad política y, por lo tanto, deberían ser considerados dentro de su libertad de expresión parlamentaria.
Por otro lado, la Fiscalía ha respaldado la demanda de García Castellón, señalando que las declaraciones de Belarra son «ofensivas e innecesarias». En un informe presentado ante el tribunal, la Fiscalía sostiene que las expresiones utilizadas por Belarra son objetivamente injuriosas, ya que implican la comisión de delitos y la falta de imparcialidad de un juez, lo que puede dañar su honor. Sin embargo, la Fiscalía también ha sugerido que la indemnización solicitada por García Castellón, que asciende a 240.000 euros, es excesiva y ha propuesto reducirla a 20.000 euros.
La demanda de García Castellón se amplió después de que Belarra continuara haciendo comentarios despectivos sobre él, incluso después de que se anunciara la acción legal. En su escrito, García Castellón argumenta que las declaraciones de Belarra han causado un daño moral significativo y que su solicitud de indemnización se basa en la gravedad de la situación y la amplia difusión de sus comentarios. La defensa de Belarra, por su parte, ha subrayado que el propio García Castellón ha manifestado que no le afectan los ataques de políticos, lo que, según ellos, refuerza su argumento de que no ha habido un daño real a su reputación.
Durante la audiencia, la abogada de García Castellón insistió en que las declaraciones de Belarra son claramente ofensivas y que el hecho de que la diputada haya ratificado sus comentarios en medios de comunicación refuerza la necesidad de que el tribunal actúe. La defensa de Belarra, en cambio, ha argumentado que sus comentarios son parte de su derecho a criticar la actuación de un juez, especialmente en el contexto de su papel como diputada.
El caso ha generado un gran interés mediático y político, ya que toca temas sensibles como la libertad de expresión, la inmunidad parlamentaria y el derecho al honor. La decisión del TS sobre la competencia para juzgar el caso podría sentar un precedente importante en la relación entre la política y la justicia en España. La audiencia ha sido un claro reflejo de las tensiones existentes entre los poderes del Estado y la forma en que las figuras públicas interactúan en el ámbito digital, donde las declaraciones pueden tener repercusiones legales significativas.
A medida que se espera el pronunciamiento del TS, el caso de García Castellón y Belarra se convierte en un punto focal de debate sobre la responsabilidad de los políticos en sus declaraciones públicas y el alcance de la protección legal que tienen en el ejercicio de sus funciones. La resolución de este conflicto no solo afectará a las partes involucradas, sino que también podría influir en la forma en que se manejan futuras controversias similares en el ámbito político español.
