El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una sentencia histórica que condena al Estado español por la mala praxis policial en un caso de doble violación ocurrido en Iruñea. La Corte ha decidido indemnizar a las víctimas con 45.000 euros, tras concluir que no se llevó a cabo una investigación efectiva de las denuncias de agresión sexual, en gran parte debido a la pérdida y manipulación de pruebas cruciales. Este fallo pone de relieve las deficiencias en el sistema judicial español y la necesidad urgente de reformas en la manera en que se manejan los casos de violencia de género.
Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas de una agresión sexual con sumisión química en un bar del casco viejo de Pamplona. Las mujeres, tras perder la conciencia, despertaron en un piso desconocido, desnudas y con síntomas de haber sido sometidas a relaciones sexuales no consentidas. A pesar de la gravedad de la situación, la investigación policial se vio marcada por irregularidades que finalmente llevaron a la impunidad de los agresores.
### Deficiencias en la investigación policial
La resolución del TEDH destaca que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación adecuada, lo que constituye una violación de los artículos 3 y 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. La Corte subraya que la pérdida y manipulación sistemática de pruebas durante la custodia policial comprometió la posibilidad de esclarecer los hechos. En particular, se menciona la relación familiar entre uno de los detenidos y un agente de la Policía Nacional, lo que generó dudas sobre la independencia de la investigación.
El abogado de las víctimas, José Luis Beaumont Aristu, agotó todas las vías judiciales en España antes de llevar el caso al TEDH. La Corte ha criticado la falta de rigor en la respuesta de las autoridades ante la pérdida de pruebas, señalando que las investigaciones sobre la posible mala conducta policial se iniciaron con un considerable retraso. Esta demora contradice el principio de que las investigaciones deben realizarse de manera pronta y efectiva.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que las pruebas recabadas por la unidad especializada en violencia de género habían desaparecido o sido manipuladas. Informes periciales, imágenes de cámaras de seguridad y datos de teléfonos móviles fueron eliminados, lo que imposibilitó la reconstrucción de los hechos. La Corte ha calificado este abandono de pruebas como un escándalo que refleja la falta de compromiso de las autoridades para garantizar la justicia en casos de violencia sexual.
### Implicaciones de la sentencia del TEDH
La sentencia del TEDH no solo representa un reconocimiento de la injusticia sufrida por las víctimas, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial español en la protección de los derechos de las mujeres. La resolución ha sido recibida con alivio por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas que han denunciado durante años la impunidad en casos de agresiones sexuales.
Este fallo podría sentar un precedente importante para futuros casos de violencia de género en España. La condena del TEDH subraya la necesidad de que las autoridades españolas implementen reformas significativas en la manera en que se investigan y procesan los delitos sexuales. La falta de confianza en el sistema judicial puede disuadir a las víctimas de denunciar agresiones, lo que perpetúa un ciclo de violencia y silencio.
Además, la sentencia pone de manifiesto la importancia de la formación y sensibilización de los cuerpos policiales y judiciales en materia de género. La respuesta a la violencia sexual debe ser integral y debe garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la protección que necesitan para buscar justicia. La falta de una respuesta adecuada no solo afecta a las víctimas individuales, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos.
La condena del Estado español por parte del TEDH es un llamado a la acción para que se tomen medidas concretas que aseguren que casos como el de Iruñea no se repitan. La justicia no solo debe ser un ideal, sino una realidad accesible para todas las víctimas de violencia de género. La sociedad en su conjunto debe trabajar para garantizar que se escuchen y se respeten las voces de quienes han sufrido abusos, y que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuras agresiones.
