El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el 9 de julio un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, en respuesta a la creciente preocupación por la corrupción en el país, especialmente tras la imputación y posterior encarcelamiento de Santos Cerdán. Este plan, elaborado en colaboración con la OCDE, incluye 15 medidas que buscan abordar la corrupción desde diferentes ángulos. Sin embargo, expertos en la materia, como Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y miembro del grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa, han expresado su escepticismo sobre la efectividad de estas iniciativas.
Una de las críticas más destacadas se centra en la fragmentación de los órganos de control existentes en España. Jiménez argumenta que la falta de coordinación entre estos organismos puede llevar a una ineficacia en la lucha contra la corrupción. En comparación con Portugal, donde la cooperación entre entidades es más fluida, la estructura autonómica de España complica la implementación de un sistema de control eficaz. Además, el experto señala que la Agencia Valenciana Antifraude, un referente en la lucha contra la corrupción, ha perdido su enfoque debido a la reciente alianza entre el PP y Vox.
Otro aspecto que Jiménez critica es la propuesta de aumentar los controles a priori, ya que considera que esto podría generar una burocracia excesiva que no aborda las raíces del problema. En lugar de imponer más requisitos, sugiere que se debería castigar a aquellos que cometan irregularidades, lo que podría ser un disuasivo más efectivo. La idea es que, en lugar de centrarse en el cumplimiento formal de normativas, se priorice la calidad del gobierno y la integridad de los funcionarios públicos.
### La Fiscalización de la Financiación Pública
Uno de los puntos clave del plan es la mayor fiscalización de la financiación pública y las donaciones a partidos políticos. Jiménez destaca que, a pesar de las reformas legislativas que han tenido lugar desde el escándalo de Gürtel, aún existen lagunas que permiten la corrupción. Por ejemplo, la normativa de 2015 mejoró la transparencia, pero aún permite que las empresas donen a fundaciones vinculadas a partidos, lo que puede ser un camino para el lavado de dinero.
El experto también menciona que la falta de garantías en la regulación de las donaciones es alarmante. A pesar de que el Gobierno aprobó una nueva normativa en febrero de 2023, esta llegó con un retraso significativo y presenta múltiples fallos. La presión de Bruselas para que se implementen estas reformas ha sido evidente, pero la ejecución ha sido deficiente. La falta de un marco legal sólido para regular los lobbies y las donaciones sigue siendo un punto débil en la lucha contra la corrupción.
Jiménez subraya que, aunque en muchos países europeos es el Ministerio Público el encargado de investigar casos de corrupción, en España la situación es diferente. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha visto afectada por la falta de consenso entre los principales partidos políticos, lo que ha llevado a una ineficacia en la persecución de delitos de corrupción. La independencia del fiscal general es crucial, y Jiménez advierte que no se puede permitir que los fiscales estén bajo la influencia del gobierno de turno.
### Cambios Culturales y Comportamiento Político
A pesar de las críticas al plan anticorrupción, Jiménez también señala que España es uno de los países más intolerantes con la corrupción en la Unión Europea, según el Eurobarómetro. Sin embargo, enfatiza que los cambios culturales no se logran únicamente a través de discursos políticos, sino que requieren un cambio en el comportamiento de los líderes. La percepción de que los políticos deben ser ejemplares es errónea; lo que se necesita es que actúen con decencia y responsabilidad.
La lucha contra la corrupción, según Jiménez, no debe centrarse únicamente en la creación de nuevas leyes, sino en la implementación efectiva de las existentes. La clave está en castigar a las empresas que incurran en prácticas corruptas, lo que podría ser un fuerte disuasivo para futuras irregularidades. La falta de acción en este sentido es preocupante y pone de manifiesto la necesidad de un compromiso real por parte de los responsables políticos.
En resumen, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por Pedro Sánchez busca abordar un problema crítico en la política española. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la voluntad política de implementarlas de manera efectiva y de la capacidad de los organismos de control para trabajar de forma coordinada. La lucha contra la corrupción es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y un cambio cultural en la forma en que se ejerce el poder en España.
