El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su plan de inversión en Seguridad y Defensa ha suscitado un amplio debate en el ámbito político y social. Con un presupuesto que supera los 10.471 millones de euros, el plan ha sido criticado por su falta de transparencia y por la forma en que se ha presentado, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad y la necesidad de este gasto en un contexto de crisis energética y económica.
### Un Plan de Defensa en la Mira
Sánchez ha optado por no someter su plan de Defensa a votación en el Congreso, lo que le permite evitar el control legislativo. Esta decisión ha generado críticas desde la oposición, que considera que el presidente está eludiendo su responsabilidad de rendir cuentas ante el Parlamento. En lugar de eso, el Gobierno ha decidido preguntar a los ciudadanos sobre la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell, utilizando un formato de consulta pública que ha sido calificado de inusual y cuestionable.
El plan de Defensa se financiará a través de modificaciones en partidas presupuestarias ya existentes y la utilización de créditos no ejecutados de años anteriores. Esta estrategia ha sido vista como un intento de eludir el debate parlamentario, dado que no se han presentado nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023. La falta de un acuerdo formal en el Consejo de Ministros sobre este plan ha llevado a algunos a calificarlo como «papel mojado», ya que no tiene forma jurídica y, por lo tanto, no puede ser impugnado políticamente.
Además, el contexto internacional exige un aumento en el gasto militar, con la OTAN presionando a sus miembros para que alcancen un gasto del 2% del PIB. Sin embargo, España ha sido señalada por no cumplir con este objetivo, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del país para defenderse adecuadamente en un entorno geopolítico cada vez más complejo.
### La Consulta Pública: ¿Una Estrategia Política?
La decisión del Gobierno de abrir una consulta pública sobre la opa del BBVA ha sorprendido a muchos en el sector financiero. Este tipo de maniobra no se había visto antes en el contexto de operaciones empresariales de tal envergadura. La consulta incluye preguntas técnicas que son ajenas al conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, lo que ha llevado a cuestionar la validez y la utilidad de este proceso.
Desde el Gobierno se argumenta que esta consulta permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre un asunto que les afecta, pero muchos críticos ven en ello una estrategia para justificar una decisión política que ya está tomada. La falta de debate parlamentario sobre el gasto en Defensa contrasta con la atención que se está prestando a una operación empresarial, lo que ha llevado a acusaciones de hipocresía y falta de seriedad en la gestión de asuntos públicos.
Las asociaciones de consumidores y pequeños accionistas han acogido la consulta como una oportunidad para expresar sus preocupaciones sobre la concentración bancaria y sus efectos negativos en la competencia y el servicio al cliente. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo la consulta ha sido criticada por no ofrecer un marco claro y legalmente sólido, lo que podría abrir la puerta a futuras disputas legales sobre la validez de este tipo de procesos.
En resumen, el plan de Defensa de Sánchez y la consulta pública sobre la opa del BBVA han puesto de manifiesto las tensiones entre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y las estrategias políticas que buscan evitar el debate y el control legislativo. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del gasto en defensa y la regulación del sector financiero en España, así como sobre la legitimidad de las decisiones que se están tomando en nombre de la ciudadanía.
