En un contexto político marcado por la incertidumbre, el Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional debido a la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta situación se ha vuelto recurrente, ya que es la tercera vez consecutiva que el Ejecutivo no cumple con este mandato constitucional, lo que ha generado un clima de tensión y críticas desde la oposición.
La citación de Sánchez en la ‘comisión Koldo’, programada para el 30 de octubre, se suma a este conflicto. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su intención de tramitar un conflicto de atribuciones, una estrategia que ha utilizado en diversas ocasiones para abordar disputas con el Gobierno. La falta de un proyecto presupuestario, según el PP, no solo es un incumplimiento de la ley, sino que también afecta la capacidad del Senado para ejercer su función legislativa y de control sobre el Ejecutivo.
### La Importancia de los Presupuestos Generales del Estado
Los Presupuestos Generales del Estado son fundamentales para el funcionamiento del país, ya que establecen las prioridades de gasto y los ingresos del Gobierno. Según el artículo 134.3 de la Constitución, el Ejecutivo debe presentar estos presupuestos ante el Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. Esto significa que, en este caso, la fecha límite para la presentación era el 30 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno ha prorrogado los presupuestos de 2023 en dos ocasiones, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar su capacidad para gobernar.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha sido clara en sus críticas, afirmando que la falta de un proyecto de presupuestos es una «anomalía democrática» que los ciudadanos están pagando. García ha enfatizado que los presupuestos no son opcionales y que el incumplimiento de esta obligación constitucional no puede ser ignorado. En este sentido, el PP ha prometido que, si llega al poder, buscará reformar la Ley General Presupuestaria y la Constitución para establecer mecanismos que obliguen a la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones si un Gobierno no logra aprobar los presupuestos durante dos años consecutivos.
### El Procedimiento del Conflicto de Atribuciones
El procedimiento que el PP ha decidido seguir para llevar este asunto al Tribunal Constitucional está regulado por los artículos 188 del Reglamento del Senado y los artículos 73, 74 y 75 de la ley del propio Tribunal. Una vez que el pleno del Senado vote la iniciativa del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara alta, se requerirá al Gobierno que presente los Presupuestos. Si el Ejecutivo no responde en el plazo estipulado, el PP elevará el conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.
Este conflicto será el séptimo que el PP presente en esta legislatura, sumándose a otros temas como la ley de amnistía y la ley de eficiencia jurídica. La estrategia del PP parece clara: utilizar todos los recursos legales a su disposición para presionar al Gobierno y forzar una respuesta sobre un tema que consideran crucial para la estabilidad del país.
La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para obtener los apoyos necesarios para sacar adelante sus cuentas. A pesar de las afirmaciones de Sánchez de que presentará un proyecto presupuestario, la realidad es que la falta de apoyos en el Congreso ha llevado a la prórroga de los presupuestos en varias ocasiones. Esto ha generado un clima de desconfianza y ha alimentado las críticas de la oposición, que ve en esta situación una falta de liderazgo y una incapacidad para gestionar los asuntos del Estado.
En este contexto, el PP ha decidido actuar con firmeza, buscando no solo una respuesta del Gobierno, sino también un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que valide su posición. La estrategia del partido de Núñez Feijóo se basa en la premisa de que el cumplimiento de la ley es fundamental para el funcionamiento de la democracia y que la falta de presupuestos afecta directamente a la capacidad del Estado para operar de manera efectiva.
La situación es tensa y podría tener repercusiones significativas en el panorama político español. A medida que se acerca la fecha de la votación en el Senado y la posible elevación del conflicto al Tribunal Constitucional, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrá esto en la relación entre el Gobierno y la oposición. La falta de un acuerdo sobre los presupuestos podría llevar a una mayor polarización en el debate político y a un aumento de la presión sobre el Ejecutivo para que cumpla con sus obligaciones constitucionales.
