El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado medidas enérgicas contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario, abriendo un nuevo expediente sancionador a una agencia que opera a nivel nacional. Esta acción se centra en la detección de irregularidades en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados a los inquilinos. Este es el segundo expediente que se inicia en un corto período, lo que refleja la creciente preocupación del gobierno por la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito del alquiler.
La apertura de este expediente se enmarca dentro de una investigación más amplia que comenzó en octubre del año pasado, impulsada por denuncias de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU y asociaciones de consumidores como Facua y OCU. Estas denuncias han sido fundamentales para que el Ministerio actúe, y se espera que continúen las investigaciones sobre otras inmobiliarias que podrían estar involucradas en prácticas similares.
### Prácticas Abusivas en el Sector Inmobiliario
Las prácticas denunciadas por los inquilinos incluyen la obligación de pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, la imposición de seguros y la contratación de servicios que no han sido solicitados. Estas acciones son consideradas ilegales bajo la Ley 12/2023 de 24 de mayo, que establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato no pueden ser trasladados a los inquilinos. Esta normativa busca proteger a los arrendatarios de abusos y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha expresado su satisfacción por la apertura de este segundo expediente, pero también ha hecho un llamado a la necesidad de una modificación legal que permita la divulgación de los nombres de las empresas sancionadas desde el inicio del proceso. Actualmente, la Ley de Consumo impide que se revelen estas identidades hasta que se imponga una sanción, lo que limita la transparencia en el sector. Sánchez ha comparado esta situación con la práctica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que publica los nombres de las empresas investigadas por cárteles, sugiriendo que el Ministerio podría adoptar un enfoque similar para aumentar la confianza de los consumidores.
Las multas por estas infracciones pueden ser significativas, oscilando entre 100.000 euros para infracciones graves y hasta un millón de euros para las más severas. Además, las sanciones pueden multiplicarse en función del beneficio ilícito obtenido por las inmobiliarias. Este marco sancionador busca disuadir a las empresas de incurrir en prácticas abusivas y fomentar un entorno más justo para los inquilinos.
### La Respuesta del Ministerio y el Futuro de la Regulación del Alquiler
El Ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha dejado claro que la vivienda es un derecho fundamental y un bien de primera necesidad. Las acciones emprendidas no solo se limitan a la gestión del alquiler, sino que también se extienden a la regulación de los pisos turísticos. Recientemente, se ha expedientado a Airbnb por no retirar anuncios de alojamientos que infringen la normativa, y se han bloqueado más de 65.935 anuncios ilegales en la plataforma. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que el acceso a la vivienda se respete y se proteja adecuadamente.
El portavoz de Facua ha instado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a intensificar sus esfuerzos en la regulación del consumo, sugiriendo que se deben implementar multas más severas para las empresas que infrinjan las leyes. Aunque el Ministerio tiene competencias sobre empresas de ámbito nacional, las comunidades y los municipios tienen la responsabilidad de actuar sobre las inmobiliarias que operan en sus territorios. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado multas significativas impuestas por estas entidades a las inmobiliarias por cobros ilegales.
El panorama actual del alquiler en España está marcado por una creciente tensión entre los derechos de los inquilinos y las prácticas de algunas inmobiliarias. La respuesta del gobierno y de las organizaciones de consumidores es un paso importante hacia la creación de un entorno más justo y transparente en el sector. A medida que las investigaciones continúan y se implementan nuevas regulaciones, es fundamental que los inquilinos estén informados sobre sus derechos y las acciones que pueden tomar en caso de ser víctimas de abusos.
