El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación del ‘caso Begoña Gómez’, ha solicitado al Tribunal Supremo que se inicie un proceso de imputación contra el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. Esta petición se produce en un contexto de creciente tensión en el ámbito judicial, justo antes de una huelga de jueces y magistrados en protesta por la reforma del acceso a la carrera judicial impulsada por el propio ministerio de Bolaños, conocida como la ‘ley Bolaños’. En su exposición razonada, Peinado argumenta que existen indicios suficientes para considerar que Bolaños pudo haber incurrido en los delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La controversia se centra en el nombramiento de Álvarez en junio de 2018, cuando Bolaños ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia. Según la investigación, Álvarez fue contratada como personal eventual con funciones de asistencia a la esposa del presidente, aunque su trabajo se habría centrado en tareas privadas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de su remuneración con fondos públicos. Peinado ha señalado que la propia Begoña Gómez había declarado que la función de Álvarez era dirigir su agenda pública y privada, lo que contradice las afirmaciones de Bolaños durante su declaración como testigo.
### La Contradicción en las Declaraciones
Durante el interrogatorio, Bolaños se desvinculó de la contratación de Álvarez, alegando que el responsable de este proceso era Raúl Díaz, un miembro del órgano administrativo de la Secretaría General de Presidencia. Sin embargo, Díaz también declaró no tener conocimiento sobre la contratación, lo que ha llevado al juez a cuestionar la veracidad de las declaraciones de ambos. Peinado ha calificado la actitud de Bolaños como «totalmente proterva», sugiriendo que su testimonio no se ajusta a la realidad y que podría haber omitido información relevante de manera intencionada.
El juez ha indicado que el ministro pudo haber participado directamente en el nombramiento de Álvarez y que, al no controlar las tareas que esta realizaba, podría haber incurrido en malversación. La exposición razonada de Peinado, que abarca 32 páginas, detalla cómo la contratación de Álvarez se realizó con fondos públicos, a pesar de que su labor se centraba en actividades privadas relacionadas con la esposa del presidente.
La situación se complica aún más por el hecho de que el caso ha atraído la atención mediática debido a las implicaciones de corrupción y tráfico de influencias que se han ido revelando a lo largo de la investigación. Los correos electrónicos presentados como evidencia sugieren que Álvarez utilizó su posición para gestionar asuntos relacionados con la cátedra privada de Begoña Gómez, lo que podría agravar aún más la situación legal de Bolaños.
### Implicaciones Políticas y Judiciales
La solicitud de imputación contra Bolaños no solo tiene repercusiones legales, sino que también plantea serias cuestiones sobre la integridad del gobierno actual. La ‘ley Bolaños’, que busca reformar el acceso a la carrera judicial, ha sido objeto de críticas y ha generado un ambiente de descontento entre los profesionales del derecho. La huelga de jueces y magistrados prevista para la próxima semana es un claro indicativo de la tensión existente entre el poder judicial y el ejecutivo, y la situación de Bolaños podría intensificar este conflicto.
La defensa del ministro ha argumentado que su papel en la contratación de Álvarez fue mínimo y que no tenía la capacidad de supervisar todas las contrataciones que se realizaron en ese periodo. Sin embargo, el juez Peinado ha manifestado que las explicaciones de Bolaños no son satisfactorias y que su testimonio podría ser considerado como un intento de eludir la responsabilidad.
La situación es aún más delicada dado que el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre la imputación de aforados, como es el caso de Bolaños. La decisión del tribunal podría tener un impacto significativo en la estabilidad del gobierno y en la percepción pública de la administración de justicia en España. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo responderá el gobierno a esta crisis y qué medidas se tomarán para abordar las preocupaciones planteadas por el juez Peinado.
En resumen, la solicitud de imputación contra Félix Bolaños por parte del juez Peinado no solo pone en tela de juicio la conducta del ministro, sino que también refleja un momento crítico en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en España. La resolución de este caso podría tener repercusiones duraderas en la política española y en la confianza del público en sus instituciones.
