La multirreincidencia delictiva se ha convertido en un tema candente en el ámbito de la seguridad en España. En una reciente sesión de control en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó esta problemática, reconociendo que es uno de los principales desafíos que enfrenta el país. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, planteó la necesidad de implementar medidas legislativas y aumentar los recursos judiciales para combatir la sensación de impunidad que genera este fenómeno.
La multirreincidencia se refiere a la repetición de delitos por parte de los mismos individuos, lo que ha llevado a una creciente preocupación entre la ciudadanía. Vaquero enfatizó que este problema no solo afecta la percepción de seguridad, sino que también pone en duda la efectividad del trabajo policial. En su intervención, subrayó la importancia de contar con herramientas adecuadas para que los hurtos sean juzgados de manera eficiente y en un tiempo razonable.
Sánchez, por su parte, se comprometió a tramitar la proposición de ley presentada por Junts, que busca endurecer las penas para los delincuentes reincidentes. Este compromiso se produce en un contexto donde la legislación vigente, que fue modificada en 2012, parece no haber tenido el impacto esperado en la reducción de la multirreincidencia. La diputada del PNV recordó que la reorganización de los juzgados en Euskadi no ha sido suficiente para absorber la carga de trabajo, lo que se traduce en una falta de medios para abordar esta problemática de manera efectiva.
**Inversiones en Seguridad y Modernización Judicial**
En su respuesta, Sánchez destacó que entre 2018 y 2025, el Gobierno ha incrementado la inversión en seguridad en un 30%, lo que equivale a 1.600 millones de euros adicionales. Este aumento ha permitido que el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcance casi los 257.000 agentes, una cifra que representa un máximo histórico. Además, el presidente mencionó que se ha llevado a cabo una modernización profunda del sistema judicial, con la creación de más secciones especializadas y un aumento significativo en el número de plazas para jueces y fiscales en comparación con la administración anterior.
Sánchez también recordó que hace tres años se endurecieron las penas para delitos leves de multirreincidencia y que se reformó el sistema de registro para que los jueces tengan acceso a información sobre la cuantía de lo sustraído en robos. Esta reforma incluye un Real Decreto que permite a las policías locales de grandes ciudades utilizar este registro, lo que podría facilitar la labor de las fuerzas del orden en la persecución de delitos.
El presidente del Gobierno también mencionó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), lo que refleja un compromiso continuo por parte del Ejecutivo para abordar los problemas de seguridad que afectan a la sociedad. Esta reforma busca agilizar los procedimientos judiciales y mejorar la eficacia en la persecución de delincuentes, lo que podría tener un impacto positivo en la reducción de la multirreincidencia.
**La Necesidad de un Enfoque Integral**
La problemática de la multirreincidencia no puede ser abordada únicamente desde el ámbito legislativo. Es fundamental adoptar un enfoque integral que contemple no solo la modificación de leyes, sino también la mejora de los recursos disponibles para la justicia y la seguridad. La falta de medios en los juzgados y la escasez de personal en las fuerzas de seguridad son factores que contribuyen a la sensación de impunidad que mencionó Vaquero.
La colaboración entre diferentes instituciones y la implementación de políticas públicas efectivas son esenciales para combatir la multirreincidencia de manera efectiva. La sociedad demanda respuestas claras y contundentes ante un problema que afecta su seguridad y bienestar. La tramitación de la proposición de ley de Junts es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un compromiso sostenido por parte del Gobierno y de todos los actores involucrados para lograr resultados tangibles.
En este contexto, es crucial que la ciudadanía esté informada sobre las medidas que se están tomando y que se fomente un diálogo abierto sobre la seguridad en el país. La participación activa de la sociedad civil en la discusión de estas políticas puede contribuir a la creación de un entorno más seguro y justo para todos. La multirreincidencia es un desafío que requiere atención y acción coordinada, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas.
