El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado la firme oposición del Gobierno español a los recortes propuestos por la Comisión Europea en la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Esta declaración se produce en un contexto donde la asignación de fondos a España se reduce en casi un 20% en comparación con el periodo actual, lo que genera preocupación entre los sectores agrarios y regionales del país. La PAC es un pilar fundamental para la agricultura española, y su recorte podría tener repercusiones significativas en la economía rural y en la cohesión territorial.
La propuesta de la Comisión Europea asigna a España un total de 79.900 millones de euros para el periodo mencionado, lo que incluye tanto fondos regionales como ayudas agrícolas. Sin embargo, de esta cantidad, se requiere que España reserve al menos 16.300 millones para las regiones menos desarrolladas, aquellas que tienen un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria. Esto implica que las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla se verán directamente afectadas por la reducción de recursos disponibles para el desarrollo agrícola y rural.
La crítica de Planas se centra en la percepción de que la propuesta de Bruselas no solo es insuficiente, sino que también contradice los intereses de España y de otros 20 Estados miembros que han defendido la necesidad de mantener una PAC robusta. El ministro ha enfatizado que la unidad entre administraciones y el sector agrícola es crucial para defender los intereses del campo español, y ha instado a otros gobiernos europeos a unirse en esta lucha.
### La Reacción de Europa ante los Recortes Presupuestarios
La propuesta de recorte de la PAC ha generado una amplia oposición entre los gobiernos europeos, quienes consideran que la política agraria es esencial para la estabilidad y el desarrollo de la Unión Europea. A pesar de la resistencia de países como Alemania y los Países Bajos, que abogan por decisiones más austeras, la mayoría de los Estados miembros han expresado su deseo de proteger los programas que consideran vitales para la cohesión y el desarrollo regional.
El nuevo marco financiero presentado por la Comisión Europea plantea un cambio significativo en la distribución del presupuesto, priorizando áreas como la defensa y la competitividad. Esto ha llevado a un aumento del gasto en defensa, que se quintuplica, mientras que la PAC experimenta un recorte considerable. Esta reorientación de recursos responde a los desafíos geopolíticos actuales, como la guerra en Ucrania, y ha suscitado críticas en el sector agrícola, que teme perder peso frente a nuevas prioridades políticas.
La asignación total para España, que asciende a 88.100 millones de euros, incluye partidas específicas para la migración y la transición energética, lo que limita aún más los recursos disponibles para la PAC. De esta cantidad, aproximadamente 3.000 millones están destinados a la gestión de fronteras y otros 5.300 millones al Fondo Social por el Clima. Esto significa que, descontadas estas partidas, la asignación general para la PAC y otros programas se reduce a 79.000 millones de euros, lo que representa una disminución significativa respecto a los casi 100.000 millones de euros que España tiene asignados actualmente.
### Implicaciones para el Sector Agrario Español
La reducción de fondos para la PAC plantea serios desafíos para el sector agrario español, que ya enfrenta dificultades debido a la volatilidad de los mercados y a los efectos del cambio climático. La PAC no solo proporciona apoyo financiero a los agricultores, sino que también juega un papel crucial en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y en la garantía de la seguridad alimentaria.
Los recortes en la PAC podrían llevar a una disminución de la inversión en innovación y sostenibilidad en el sector agrícola, lo que a su vez podría afectar la competitividad de los productos españoles en el mercado europeo e internacional. Además, las comunidades autónomas más vulnerables, que dependen en gran medida de estos fondos, podrían ver un aumento en las disparidades económicas y sociales, lo que podría socavar la cohesión territorial en el país.
El futuro de la PAC y la asignación de fondos europeos se encuentran en un momento crítico, y la negociación que se avecina entre los gobiernos europeos será fundamental para determinar el rumbo de la política agraria en los próximos años. La defensa de una PAC fuerte y bien financiada será esencial para garantizar el desarrollo sostenible del campo español y la cohesión de las regiones más desfavorecidas. La presión sobre los gobiernos para encontrar un equilibrio entre las nuevas prioridades y la necesidad de mantener un apoyo sólido al sector agrícola será un tema central en las discusiones futuras.
