La gestión de Aena, la principal operadora aeroportuaria de España, ha estado en el centro de un intenso debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la participación de las comunidades autónomas en su administración. Este tema ha cobrado relevancia nuevamente tras las recientes cartas enviadas por Chris Hohn, el director del fondo Children’s Investment Fund Management (TCI), al presidente de Aena, Maurici Lucena. En estas misivas, Hohn expresa su preocupación por la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan voz en la gestión de los aeropuertos, un asunto que ha generado tanto interés como controversia.
La primera carta de Hohn, enviada semanas antes de la presentación del plan de inversiones de Aena por parte del presidente Pedro Sánchez, solicitaba a Lucena que dejara claro que la participación de las comunidades autónomas en la gestión de Aena es inviable. Esta solicitud se intensificó con el anuncio de un plan de inversiones de 13.000 millones de euros, lo que llevó a Hohn a enviar una segunda carta, en la que reiteraba su postura y la necesidad de proteger su inversión.
La respuesta de Lucena fue contundente: comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no es posible compartir la gestión de los aeropuertos de la red de Aena, que cuenta con 46 instalaciones. Esta declaración ha suscitado reacciones diversas en la opinión pública, especialmente entre los políticos que han abogado por una mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones relacionadas con los aeropuertos.
La participación de Hohn en Aena es significativa, ya que su paquete de acciones tiene un valor bursátil de aproximadamente 2.500 millones de euros. Hohn adquirió inicialmente un 6% de Aena durante su privatización hace once años, cuando el Estado retuvo el 51% de la compañía. A lo largo de los años, ha realizado importantes transacciones, reduciendo su participación directa al 3%, mientras que el otro 3% se mantiene a través de derivados que le otorgan derechos políticos.
El dilema que enfrentan los políticos, incluidos el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otros líderes autonómicos, es que Hohn ha dejado claro que la decisión sobre la cogestión no depende únicamente del Estado. Con casi la mitad del capital de Aena en manos privadas, cualquier cambio en las reglas de gestión podría vulnerar los derechos de los inversores y la legalidad vigente. Esto limita considerablemente el margen de maniobra para que las comunidades autónomas puedan influir en la gestión de los aeropuertos.
### La Influencia de los Grupos Empresariales en la Política
En paralelo a la controversia sobre Aena, el Círculo de Empresarios, un influyente lobby empresarial en Madrid, ha estado en el centro de atención. Este grupo, que agrupa a ejecutivos de grandes empresas, es conocido por su postura liberal y su crítica a los gobiernos que no implementan políticas económicas favorables al sector privado. Recientemente, el Círculo ha hecho un llamado al Gobierno de Sánchez para que convoque elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales del Estado para 2026.
Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y figura destacada en el Círculo, ha sido objeto de controversia debido a su implicación en una supuesta trama de favores fiscales durante el mandato de Cristóbal Montoro. Aunque su condición de investigado no implica culpabilidad, su presencia en el Círculo ha generado debate sobre la ética y la transparencia en la política económica española.
Martínez Rico, quien figura como tesorero en la junta del Círculo, aunque fuentes indican que ya no ocupa ese cargo, seguirá en la junta hasta el final del mandato en 2027. Esta situación plantea interrogantes sobre la influencia de los grupos empresariales en la política y la toma de decisiones económicas en España. La relación entre el sector privado y el gobierno es un tema delicado, especialmente en un contexto donde las decisiones pueden afectar a miles de trabajadores y a la economía en general.
La interacción entre los inversores privados, como Hohn, y los políticos que buscan mayor control sobre la gestión de Aena refleja un panorama complejo. Las comunidades autónomas están presionando por una mayor participación, pero se enfrentan a la resistencia de los inversores que buscan proteger sus intereses. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, será crucial observar cómo se resuelven las tensiones entre la inversión privada y la gestión pública en el sector aeroportuario español.
