En un movimiento significativo para el sector ferroviario español, Talgo ha confirmado la finalización de una transacción que permitirá a un consorcio vasco adquirir el 29,76% de su capital. Este consorcio está liderado por Clerbil, un vehículo inversor de José Antonio Jainaga, y cuenta con la participación del fondo de inversión del Gobierno vasco, Finkatuz, así como de las fundaciones BBK y Vital. La operación, que se anunció el pasado mes de febrero, se ha cerrado a un precio de 4,25 euros por acción, lo que suma un total de 156.675.604 euros por las 36.864.848 acciones involucradas en la compraventa.
### Detalles de la Transacción
El precio acordado de 4,25 euros por acción es notablemente inferior a los 5 euros que Trilantic, el fondo de inversión que anteriormente poseía estas acciones a través de Pegasus, había intentado obtener. Esta diferencia de precios se debe en parte a la reciente intervención del Gobierno español, que bloqueó una oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el consorcio húngaro Ganz-Mavag, que valoraba las acciones de Talgo en 5 euros cada una. La transacción está sujeta a la aprobación de la junta de accionistas de Talgo, que se espera se convoque en breve.
Según la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las 33.856.141 acciones de Talgo que pertenecían a Pegasus se repartirán entre los nuevos accionistas. Clerbil, Finkatuz y la fundación BBK recibirán cada uno 10.534.569 acciones, lo que representa un 8,50% del total, mientras que la Fundación Bancaria Vital adquirirá 5.261.141 acciones, equivalentes al 4,2% del total. La finalización de esta operación está prevista antes del 31 de enero de 2026, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para Talgo.
### Implicaciones de la Participación del Gobierno
A pesar de la importancia del consorcio vasco en esta transacción, la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el rescate de Talgo ha quedado en suspenso. En julio, el Consejo de Ministros había autorizado a la SEPI a participar en la operación, adquiriendo un 7,9% de la compañía mediante una inversión de 75 millones de euros. De esta cantidad, 45 millones estaban destinados a una ampliación de capital y 30 millones a deuda convertible en acciones.
Sin embargo, la situación se ha complicado debido a la investigación que enfrenta José Antonio Jainaga por la Audiencia Nacional. Jainaga está siendo investigado por presuntamente vender acero y armas a Israel, lo que ha generado un contexto incierto para la participación del Gobierno en la operación. Este desarrollo es crítico, ya que el apoyo del Gobierno es esencial para la ampliación de capital de 150 millones de euros que los bancos acreedores de Talgo han exigido para mantener sus líneas de crédito y financiación.
El futuro de Talgo, una empresa con una larga trayectoria en la fabricación de trenes y tecnología ferroviaria, dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estas cuestiones. La nueva estructura de financiación que se espera aprobar en la junta de accionistas será fundamental para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la compañía en los próximos años. La situación actual también pone de relieve la importancia de la regulación y el control gubernamental en las operaciones de grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos como el ferroviario.
La transacción no solo representa un cambio en la propiedad de Talgo, sino que también refleja las dinámicas del mercado de inversiones en España, donde los fondos de inversión y los consorcios regionales están buscando aumentar su influencia en empresas clave. A medida que el sector ferroviario continúa evolucionando, la capacidad de Talgo para adaptarse a los cambios del mercado y aprovechar nuevas oportunidades será crucial para su éxito a largo plazo.
