La reciente decisión del Parlamento Vasco de rechazar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi ha generado un intenso debate en la sociedad vasca. Esta propuesta, respaldada por más de 138,000 firmas, fue bloqueada por los grupos parlamentarios PNV, PSE-EE, PP y Vox, quienes argumentaron que la regulación del SMI es una competencia exclusiva del Estado. Este artículo explora las implicaciones de esta decisión y las reacciones de los diferentes actores políticos y sociales involucrados.
La ILP fue presentada por varios sindicatos, incluyendo ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, y tenía como objetivo modificar el Estatuto de los Trabajadores para permitir que las comunidades autónomas regulen su propio SMI. La propuesta fue registrada en la Cámara vasca el 21 de agosto y, tras su rechazo en el pleno, se ha convertido en el centro de críticas por parte de los defensores de la iniciativa.
### Reacciones de los Defensores de la ILP
El rechazo a la ILP ha sido calificado por sus defensores como un acto de desprecio hacia la voluntad popular. Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, expresó que esta decisión representa una «renuncia al autogobierno» y un «fraude antidemocrático». Lakuntza argumentó que el SMI actual en España, fijado en 1,184 euros mensuales, no es suficiente para vivir dignamente en Euskadi, donde el costo de vida es considerablemente más alto. Además, enfatizó que no existen obstáculos legales para modificar el Estatuto de los Trabajadores, sugiriendo que la resistencia a la propuesta es de naturaleza política.
Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, también criticó el veto a la ILP, señalando que cerrar la puerta a un debate democrático es un acto grave. Otxandiano destacó la importancia de que Euskadi tenga la capacidad de establecer un SMI que refleje las condiciones económicas y sociales de la región. En este sentido, hizo un llamado a la necesidad de un estatus político que otorgue competencias en materia sociolaboral, lo que permitiría a la comunidad autónoma regular su propio salario mínimo.
### Argumentos en Contra de la ILP
Por otro lado, los partidos que se opusieron a la ILP, como el PNV y el PSE, argumentaron que la regulación del SMI debe ser una competencia estatal. Markel Aranburu, del PNV, afirmó que cualquier modificación en este ámbito debería ser tratada como una ley marco, dado que afecta a todas las comunidades autónomas. Esta postura se basa en la idea de que un SMI diferenciado podría generar desigualdades entre trabajadores de diferentes regiones de España.
Ekain Rico, del PSE, también se pronunció en contra de la ILP, sugiriendo que la propuesta podría crear diferencias «injustas» entre los trabajadores de distintas zonas del país. A pesar de la oposición, algunos miembros de Sumar, como Jon Hernández, apoyaron la necesidad de debatir la ILP en el Parlamento, aunque no coincidieron con su contenido. Hernández advirtió que la falta de un SMI adecuado podría llevar a una fragmentación del mercado laboral en España.
### Contexto de la Propuesta
La ILP presentada no es un caso aislado. Este es el segundo intento en menos de dos meses en el que el Parlamento Vasco rechaza una iniciativa legislativa popular. En septiembre, la Cámara también desestimó una ILP del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que buscaba equiparar las pensiones más bajas al SMI, recibiendo igualmente solo el apoyo de EH Bildu y Sumar. Este patrón de rechazo ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de los ciudadanos para influir en la legislación a través de iniciativas populares.
Los sindicatos que impulsaron la ILP han manifestado su intención de continuar luchando por un SMI propio. Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, criticó a PNV y PSE por no haber hecho esfuerzos para fomentar el diálogo con la patronal sobre la negociación de un salario mínimo. Aranburu subrayó que la lucha por un SMI adecuado en Euskadi no ha terminado y que seguirán movilizándose para presionar tanto al Gobierno como a la patronal.
### Implicaciones para el Futuro
El rechazo a la ILP plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación del SMI en Euskadi y la capacidad de los sindicatos para influir en las políticas laborales. La falta de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre un salario mínimo de convenio ha sido un obstáculo significativo. La negativa de Confebask a participar en negociaciones específicas sobre este tema ha sido criticada por los defensores de la ILP, quienes consideran que es fundamental establecer un diálogo para abordar las necesidades de los trabajadores.
La situación actual refleja un contexto político complejo en el que las decisiones sobre el SMI están fuertemente influenciadas por las dinámicas entre los diferentes partidos y la patronal. La posibilidad de que Euskadi obtenga un SMI propio dependerá en gran medida de la voluntad política de los actores involucrados y de la capacidad de los sindicatos para movilizar a la población en apoyo de sus demandas.
En resumen, el rechazo a la ILP para establecer un SMI propio en Euskadi ha generado un intenso debate sobre la autonomía y la capacidad de la comunidad para regular sus propias políticas laborales. La lucha por un salario mínimo adecuado continúa, y los sindicatos están decididos a seguir presionando para que se escuchen sus demandas en el Parlamento Vasco.
