La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha hecho un anuncio impactante al ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Este incremento en la recompensa, que anteriormente era de 25 millones, se produce en un contexto de tensiones políticas y acusaciones de narcotráfico y terrorismo que han marcado la relación entre ambos países desde hace varios años.
### La Acusación de Narcotráfico y Terrorismo
Desde 2020, Nicolás Maduro ha sido objeto de acusaciones por parte de la Administración estadounidense, que lo señala como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. En un video compartido en redes sociales, Bondi describió a Maduro como una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., afirmando que utiliza organizaciones terroristas como el Cartel de Sinaloa para introducir drogas en el país. La fiscal general también destacó que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios, de las cuales casi siete toneladas están directamente relacionadas con el mandatario venezolano.
La situación se complica aún más con la revelación de que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos asociados a Maduro, incluyendo aviones privados y vehículos de lujo. Bondi enfatizó que Maduro no escapará de la justicia y que eventualmente rendirá cuentas por sus crímenes. Este tipo de declaraciones refuerzan la postura de EE.UU. de que Maduro es un líder ilegítimo, que ha usurpado el poder en Venezuela.
### Reacción desde Caracas
La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. El canciller Yvan Gil calificó la oferta de recompensa como «patética» y una burda operación de propaganda política. En un comunicado, Gil argumentó que mientras EE.UU. orquesta complots terroristas desde su territorio, la fiscal general está montando un «circo mediático» para satisfacer a la ultraderecha venezolana. Esta retórica es común en el discurso oficial de Caracas, que frecuentemente denuncia la injerencia estadounidense en sus asuntos internos.
Desde el 10 de enero de 2025, el gobierno de Joe Biden ya había calificado la investidura de Maduro como una «farsa» e «ilegítima», argumentando que había perdido las elecciones presidenciales de 2024. Esta postura ha sido respaldada por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha reiterado las acusaciones de que Maduro ha estrangulado la democracia en Venezuela desde 2020. La presión sobre el gobierno venezolano se ha intensificado, con el endurecimiento del embargo petrolero y la imposición de aranceles adicionales a los países que compren petróleo venezolano.
El gobierno de Maduro, por su parte, ha denunciado repetidamente lo que considera una injerencia en sus asuntos internos. En un contexto de creciente tensión, el ministro del Interior venezolano afirmó que los servicios de seguridad habían frustrado un atentado con bomba en Caracas, acusando a la oposición y a EE.UU. de ser los instigadores de tales actos. Esta narrativa de complots y conspiraciones es una constante en el discurso oficial del gobierno venezolano, que busca desviar la atención de los problemas internos del país.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por la desconfianza y la hostilidad durante años. Las sanciones económicas impuestas por EE.UU. han tenido un impacto significativo en la economía venezolana, que ya se encontraba en crisis. La oferta de recompensa por la captura de Maduro es un reflejo de la estrategia de Washington para presionar al gobierno venezolano y, potencialmente, facilitar un cambio de régimen.
A medida que la situación en Venezuela continúa evolucionando, es probable que las tensiones entre ambos países se intensifiquen. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, ya que podrían tener repercusiones no solo para Venezuela, sino también para la estabilidad de la región en su conjunto. La oferta de recompensa de 50 millones de dólares es un claro indicativo de que EE.UU. está dispuesto a tomar medidas drásticas en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país sudamericano.
