En los últimos años, Bilbao ha experimentado una notable disminución en las denuncias relacionadas con la exhibición de armas blancas. Según los datos más recientes, las denuncias pasaron de 301 en 2023 a 232 en 2024, lo que representa una reducción significativa en este tipo de incidentes. Esta tendencia a la baja se ha mantenido en los primeros meses de 2025, con solo 79 denuncias registradas hasta abril. Este fenómeno ha suscitado un debate en el ámbito político y social sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en la ciudad.
La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, ha destacado que la disminución de las denuncias es un indicativo de que las medidas de prevención están funcionando. En 2024, Bilbao registró 723 delitos relacionados con armas blancas, lo que representa un descenso del 10% en comparación con los 798 delitos del año anterior. Arregi ha defendido la labor conjunta entre la Ertzaintza y las policías locales, afirmando que el plan establecido ha dado resultados positivos. Sin embargo, esta situación ha generado críticas por parte de algunos sectores políticos, especialmente del Partido Popular, que ha cuestionado la normativa vigente y ha solicitado un endurecimiento de las leyes relacionadas con el porte de armas blancas.
El Partido Popular ha argumentado que la actual legislación permite que los agentes no puedan detener a un ciudadano que porta un arma blanca, dependiendo de si se considera una amenaza leve o grave. En su propuesta, buscaban que se impusieran sanciones administrativas en lugar de permitir que los ciudadanos continúen portando armas blancas sin consecuencias. Esther Martínez, portavoz del PP, ha expresado su preocupación por el aumento de incidentes relacionados con armas blancas y ha señalado que la situación en Bilbao se está volviendo alarmante.
Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal ha sido clara. Arregi ha recordado que el código penal fue modificado durante el mandato del PP y que las competencias para realizar cambios legislativos en este ámbito no recaen en el Ayuntamiento. Esta defensa ha sido respaldada por otros grupos políticos, como EH Bildu, que han criticado la falta de contexto en los datos presentados por el PP. María del Río, portavoz de EH Bildu, ha señalado que la utilización de cifras sin un análisis adecuado puede generar una percepción errónea de la realidad y contribuir a la alarma social.
Por otro lado, Ana Viñals, portavoz de Elkarrekin Bilbao, ha enfatizado que las cifras de Bilbao en relación con el uso de armas blancas son inferiores a las de otras ciudades europeas, como Niza, Utrecht o Malmö. En lugar de centrarse en un endurecimiento de las leyes, Viñals ha abogado por un enfoque más integral que aborde las causas subyacentes de la violencia y la desigualdad en la sociedad. Este enfoque holístico podría incluir medidas para reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de vida en las comunidades más vulnerables.
La disminución de las denuncias por armas blancas en Bilbao es un tema que merece un análisis profundo. Si bien los datos indican una tendencia positiva, es fundamental considerar el contexto en el que se producen estos cambios. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y la implementación de políticas de prevención son aspectos clave que han contribuido a esta reducción. Sin embargo, el debate político en torno a la normativa vigente y las propuestas de cambio legislativo reflejan la complejidad de la situación.
La percepción de seguridad en la ciudadanía es un aspecto crucial que no debe ser subestimado. La comunicación efectiva de los logros en materia de seguridad y la transparencia en la gestión de estos temas son fundamentales para generar confianza en la población. La colaboración entre las autoridades y la sociedad civil también juega un papel importante en la construcción de un entorno más seguro.
En resumen, la disminución de las denuncias por armas blancas en Bilbao es un fenómeno positivo que refleja el trabajo realizado por las autoridades locales. Sin embargo, es esencial seguir monitoreando la situación y abordar las preocupaciones planteadas por diferentes sectores políticos y sociales. La seguridad es un derecho fundamental, y su garantía requiere un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la atención a las causas subyacentes de la violencia en la sociedad.
