La situación política en España, especialmente en relación con la transferencia de competencias a Euskadi, se encuentra en un momento crítico. El lehendakari Imanol Pradales ha lanzado una advertencia clara al Gobierno de Pedro Sánchez: «El tiempo corre». Esta frase resuena con fuerza en el contexto de la negociación para culminar el Estatuto de Gernika, que establece un plazo improrrogable para la transferencia de competencias pendientes a Euskadi. Con noviembre de 2025 como fecha límite, las expectativas de que se logre este objetivo en el tiempo estipulado están en entredicho, especialmente tras el reciente frenazo en la Seguridad Social.
El acuerdo firmado entre el PNV y el PSOE en 2023, que permitió la investidura de Sánchez, incluye la culminación del autogobierno vasco mediante la transferencia de competencias. Sin embargo, las tensiones entre los socios de gobierno han comenzado a emerger, y el PNV ha expresado su preocupación por el cumplimiento de los plazos establecidos. La situación se complica aún más con la proximidad de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que podría influir en la dinámica de las transferencias.
### La Seguridad Social como Punto Crítico
Uno de los aspectos más relevantes en esta negociación es la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Hasta el momento, el Gobierno Vasco no ha logrado cerrar el primer bloque de cinco que se requieren para gestionar esta área. La gestión del desempleo, que corresponde al ministerio de Yolanda Díaz, se ha convertido en un punto de fricción entre los partidos. El PNV y el PSE han señalado a Sumar como responsable del estancamiento en las negociaciones, lo que ha generado críticas hacia la ministra de Trabajo.
El primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social es crucial, ya que implica la gestión de prestaciones y subsidios por desempleo, que representan un volumen anual de 800 millones de euros. La falta de acuerdo en este punto podría tener repercusiones significativas en la capacidad del Gobierno Vasco para avanzar en otras áreas de la transferencia. A pesar de que se ha llegado a un acuerdo en aspectos menores, como la parte económica que depende del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la situación sigue siendo tensa.
El lehendakari ha instado a Sánchez a «poner orden» en su gobierno para facilitar la culminación del Estatuto de Gernika. Sin embargo, la respuesta de Sumar ha sido defensiva, argumentando que no hay bloqueos en el cumplimiento del acuerdo, sino que se requieren más garantías jurídicas y tiempo para llevar a cabo las transferencias.
### La Presión Política y el Futuro del Estatuto
La presión política sobre el Gobierno de Sánchez es palpable. Con un contexto parlamentario delicado, cualquier frustración en la aprobación de los presupuestos podría debilitar aún más su posición. El PNV, consciente de su poder de negociación, ha dejado claro que las exigencias para avanzar en las transferencias no serán baratas. La situación se complica aún más por el escándalo de corrupción que afecta al partido socialista, lo que podría influir en la percepción pública y en la capacidad de Sánchez para negociar con sus socios.
La próxima reunión entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central se espera con gran expectación, ya que podría ser un momento decisivo para el futuro del Estatuto de Gernika. Las negociaciones no solo se centran en la transferencia de competencias, sino que también reflejan la dinámica de poder entre los partidos y la capacidad del Gobierno central para mantener su estabilidad en un entorno político cada vez más fragmentado.
La situación actual plantea interrogantes sobre la viabilidad de completar el acuerdo en los plazos establecidos. A medida que se acerca la fecha límite de noviembre de 2025, las partes involucradas deberán encontrar un terreno común para avanzar en las transferencias y cumplir con las expectativas de los ciudadanos vascos. La presión está sobre la mesa, y el tiempo es un factor crítico en esta compleja negociación que podría definir el futuro del autogobierno en Euskadi.
