El legado de Pere Mir, un destacado mecenas fallecido en 2017, se ha convertido en el centro de una intensa investigación judicial que pone de manifiesto las complejidades de la tributación en España. La donación de 12,5 millones de euros a la fundación Cellex, gestionada por Jordi Segarra, ha suscitado un debate sobre la correcta valoración de los impuestos asociados a este patrimonio. Por otro lado, el grupo audiovisual Mediapro ha logrado una victoria significativa contra la Agencia Tributaria, lo que resalta las tensiones entre las empresas y el fisco en el contexto actual.
La investigación sobre el legado de Pere Mir ha revelado discrepancias significativas en la valoración de su patrimonio. Según el denunciante inicial, Àngel Surroca, el patrimonio podría haber alcanzado los 400 millones de euros, mientras que una inspección de Hacienda en 2014 lo estableció en 120 millones. Sin embargo, los administradores del patrimonio, liderados por Segarra, argumentan que el valor real se redujo a 40 millones debido a las donaciones y ayudas realizadas por Mir en sus últimos años de vida. Esta diferencia ha llevado a una serie de complicaciones fiscales que han captado la atención de las autoridades.
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es la donación de 12,585 millones de euros a Segarra y su familia, que se realizó en febrero de 2018, casi un año después de la muerte de Mir. Esta suma provino de la fundación panameña Semir, una de las múltiples entidades creadas por el mecenas en el paraíso fiscal de Panamá. Tras recibir la donación, los beneficiarios cumplieron con sus obligaciones fiscales, presentando las declaraciones correspondientes y pagando 6,81 millones de euros en impuestos. Sin embargo, la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y la Agencia Tributaria española revisaron el caso y decidieron cambiar el criterio de cómputo temporal, lo que resultó en un acta de Hacienda que exigía otros 7,5 millones de euros en impuestos. Este cambio ha sido objeto de recurso en los tribunales, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
La situación se complica aún más con el hecho de que el beneficiario, Segarra, tuvo que recurrir a un crédito hipotecario para cubrir la diferencia de 2 millones de euros que surgió tras el ajuste fiscal. Este crédito, que se investiga en el marco de la causa judicial, pone de relieve las dificultades que enfrentan los herederos y beneficiarios en situaciones similares, donde las decisiones fiscales pueden tener un impacto significativo en su situación financiera.
Por otro lado, el caso de Mediapro destaca las tensiones entre las grandes empresas y la administración tributaria en España. La compañía, que forma parte del fondo chino Orient Ontai Capital, ha ganado una demanda contra Hacienda por un importe de 13 millones de euros. La disputa se originó a raíz de una norma aprobada en 2016 que limitaba la compensación de bases imponibles negativas para las empresas. Esta norma fue finalmente derogada por el Tribunal Constitucional en 2024, lo que permitió a Mediapro reclamar la devolución de impuestos no deducidos.
El Tribunal Supremo ha respaldado la posición de Mediapro, lo que le permitirá recuperar un total de más de 42 millones de euros en los próximos años. Esta victoria es significativa no solo por el monto en juego, sino también por las implicaciones que tiene para otras empresas que se vieron afectadas por la misma normativa. Sin embargo, la situación de Mediapro se complica aún más con la reciente decisión de la Liga de no renovar su contrato de producción de retransmisiones de fútbol, lo que podría afectar su facturación anual, que alcanzó los 1.200 millones de euros en 2024.
La pérdida de este contrato, aunque no representa una parte significativa de sus ingresos, tiene repercusiones en la imagen internacional de Mediapro y en sus operaciones en mercados clave, como el asiático. La situación ha generado inquietud entre los empleados de la empresa, que incluso consideraron convocar una huelga tras la salida de Jaume Roures, uno de los socios fundadores. Sin embargo, un acuerdo de subrogación evitó que la huelga se materializara, lo que refleja la tensión existente en el entorno laboral de la compañía.
Ambos casos, el de Pere Mir y el de Mediapro, ilustran las complejidades del sistema fiscal español y las dificultades que enfrentan tanto individuos como empresas en la gestión de sus obligaciones tributarias. A medida que las investigaciones y litigios continúan, es probable que surjan más detalles que arrojen luz sobre las prácticas fiscales en el país y las implicaciones para el futuro de la tributación en España.
