La reciente decisión de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos presentados por diversas empresas del sector de hidrocarburos y transportes en España ha generado un intenso debate sobre la legalidad del tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos. Este impuesto, que fue implementado entre 2013 y 2018 durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido objeto de controversia desde que el Tribunal Supremo lo declaró ilegal en octubre de 2024. La situación ha dejado a muchas empresas en una posición complicada, ya que buscan recuperar las cantidades abonadas por este tributo que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no puede establecer tipos diferenciados según la comunidad autónoma.
La decisión del Tribunal Supremo se basó en una cuestión prejudicial planteada por el TJUE, que determinó que la aplicación de tipos impositivos diferenciados en función del territorio es incompatible con la normativa europea. Esta sentencia ha abierto la puerta a la posibilidad de que las administraciones tributarias devuelvan los ingresos recaudados durante el periodo en que el impuesto estuvo vigente. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha argumentado que las empresas que solicitaron la devolución no fueron las que realmente soportaron el costo del impuesto, sino que este fue trasladado a los consumidores finales.
### La Posición de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado ha defendido su postura al afirmar que el impuesto no afectó directamente a las cuentas de las empresas de hidrocarburos, ya que estas trasladaron el costo a sus clientes. Según esta interpretación, el tributo estaría «neutralizado» para las grandes compañías, lo que significa que no deberían recibir reembolsos. Esta postura ha sido criticada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que sostiene que los ciudadanos, y no las empresas, son quienes realmente pagaron el sobrecoste en los carburantes durante años.
La AEDAF ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que el Estado se quede con un dinero que fue cobrado ilegalmente, argumentando que escudarse en tecnicismos sobre la traslación económica del impuesto no es justificable. Esta crítica resalta la tensión entre el Estado y los ciudadanos, quienes podrían ser los verdaderos afectados por la aplicación de este impuesto.
### Implicaciones para las Empresas y los Consumidores
A medida que las empresas del sector de hidrocarburos continúan luchando por recuperar los pagos realizados, la situación se complica aún más. Varias compañías, como Meroil, han recibido resoluciones desfavorables de la Audiencia Nacional, pero otras no están dispuestas a rendirse. Fuentes del sector han señalado que actuar en contra del derecho de la Unión Europea, tal como lo establece la resolución del TJUE, podría resultar en un sobrecoste en los intereses de demora.
A pesar de las decisiones iniciales de los tribunales contencioso-administrativos que favorecieron al Estado, las instancias superiores han comenzado a fallar a favor de las empresas, aplicando el criterio del Tribunal Supremo. Esto sugiere que la lucha legal podría continuar, con la posibilidad de que se produzcan más cambios en la interpretación de la ley.
La situación es aún más compleja para los consumidores finales, quienes podrían tener dificultades para reclamar la devolución de las cantidades que pagaron en concepto de este impuesto. La atomización de los afectados y la burocracia asociada a la justificación del sobrecoste en cada repostaje complican aún más el proceso. Además, varias sentencias han determinado que los consumidores no están legitimados para solicitar estas devoluciones, lo que limita aún más sus opciones.
En este contexto, el impacto financiero del impuesto ilegal podría ascender a unos 6.000 millones de euros, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Esta cifra representa un agujero significativo en las cuentas públicas, lo que ha llevado a la Abogacía del Estado a adoptar una postura defensiva en este asunto.
La situación actual plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en la recaudación de impuestos que han sido declarados ilegales y sobre cómo se manejarán las reclamaciones de las empresas y los consumidores en el futuro. A medida que avanza este proceso legal, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué decisiones tomarán tanto las empresas como las autoridades fiscales en respuesta a las sentencias judiciales y a la presión pública.
