La reciente controversia sobre las pulseras antimaltrato ha generado un intenso debate en el ámbito político español. El Partido Popular (PP) ha tomado la delantera en la crítica al Gobierno, exigiendo la destitución de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a los fallos en el sistema de estas pulseras, que son utilizadas por algunos acusados de violencia machista para proteger a sus víctimas. La situación ha llevado a la oposición a cuestionar la eficacia de las medidas implementadas para garantizar la seguridad de las mujeres en situaciones de riesgo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy claro en sus declaraciones, acusando al Gobierno de poner en peligro a las mujeres y de haber ocultado los errores relacionados con el funcionamiento de las pulseras. Según Feijóo, estos fallos han resultado en un número alarmante de sobreseimientos y absoluciones de agresores, lo que ha generado una sensación de inseguridad entre las víctimas. Durante su intervención en el Campus FAES 2025, el líder de la oposición enfatizó que la falta de respuestas y soluciones por parte del Gobierno es inaceptable, especialmente en un tema tan delicado como la protección de las mujeres.
### Fallos en el sistema de pulseras antimaltrato
El PP ha denunciado que el sistema Cometa, encargado de la gestión de las pulseras antimaltrato, presenta graves errores que han comprometido su eficacia. Según los populares, las pulseras fueron adquiridas a través de plataformas como Ali Express, lo que ha suscitado dudas sobre su calidad y fiabilidad. Además, se ha señalado que los violadores pueden quitarse las pulseras con facilidad, lo que pone en riesgo la seguridad de las víctimas. Un aspecto particularmente preocupante es la pérdida de datos en la migración del sistema, que ha afectado a todos los registros anteriores al 20 de marzo de 2024, lo que ha llevado a múltiples fallos absolutorios en los casos de violencia de género.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la situación como una «negligencia absoluta» por parte del Ministerio de Igualdad. En una entrevista reciente, Muñoz expresó su incredulidad ante la falta de acción del ministerio, a pesar de haber sido advertido sobre los problemas en el sistema. La portavoz subrayó que la seguridad de las mujeres no puede ser un tema que se tome a la ligera y que es inaceptable que, a pesar de los errores, no se hayan implementado soluciones efectivas.
El PP ha solicitado al Gobierno información detallada sobre las medidas que se están tomando para corregir estos fallos y garantizar la seguridad de las víctimas. La presión sobre la ministra Redondo se intensifica, ya que el partido de la oposición no solo exige su cese, sino que también ha señalado que la ministra no ha respondido a las solicitudes de comunicación del vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos.
### Reacciones del Gobierno y el impacto en la política
Ante las acusaciones del PP, el Gobierno ha defendido la funcionalidad de las pulseras antimaltrato, asegurando que «en ningún momento dejaron de funcionar». Sin embargo, la falta de confianza en el sistema ha llevado a un clima de incertidumbre entre las víctimas de violencia de género. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar las políticas de protección a las mujeres, así como de garantizar que los recursos destinados a su seguridad sean efectivos y confiables.
La controversia no solo ha afectado a la ministra de Igualdad, sino que también ha tenido un impacto significativo en la percepción pública del Gobierno. La oposición ha capitalizado esta situación para cuestionar la capacidad del Ejecutivo para gestionar temas críticos relacionados con la seguridad y el bienestar de las mujeres. La presión política sobre el Gobierno podría intensificarse en los próximos días, a medida que el PP continúe exigiendo respuestas y responsabilidades.
En este contexto, es crucial que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva del sistema de pulseras antimaltrato y que se implementen las mejoras necesarias para garantizar su eficacia. La seguridad de las mujeres debe ser una prioridad en la agenda política, y es fundamental que se tomen medidas concretas para restaurar la confianza en los mecanismos de protección existentes. La situación actual es un recordatorio de que la lucha contra la violencia de género requiere no solo de leyes y políticas, sino también de un compromiso real por parte de todos los actores involucrados para asegurar que las víctimas reciban la protección que merecen.
