La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha estado en el centro de una intensa controversia relacionada con la gestión de la emergencia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región en octubre. A través de un comunicado emitido por su abogado, Pradas ha respondido a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien había asegurado que durante la tarde del 29 de octubre no se discutió la situación del Poyo en el Cecopi, el centro de coordinación de emergencias.
En su defensa, Pradas ha ratificado que, durante la reunión del mando que gestionaba la emergencia, no se abordó el desbordamiento del Poyo, que resultó en graves inundaciones en l’Horta Sud, donde se registraron la mayoría de las víctimas. El abogado de Pradas ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió ningún aviso previo sobre el desbordamiento, y que en el Cecopi solo se discutieron las situaciones en Utiel y el pantano de Forata, dejando de lado las lluvias en otras localidades como Chiva y Buñol.
Pradas también ha aclarado que fue ella quien solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que se desplazara a Utiel, debido a las inundaciones que estaba causando el río Magro en esa localidad. Además, ha reconocido que propuso evacuaciones de personas, una medida que finalmente fue descartada, y que la posibilidad de enviar un mensaje de alerta a la población fue considerada desde las siete de la tarde del 29 de octubre.
En respuesta a las afirmaciones de Bernabé, quien mencionó que había comunicado a Pradas sobre personas ahogándose a causa del desbordamiento, la exconsellera ha defendido que su frase sobre que «eso también pasa en otros municipios» se refería a problemas de comunicación que afectaban a varias localidades, y no a la situación específica del Poyo.
El abogado de Pradas ha criticado la actuación de la jueza encargada del caso, Nuria Ruiz Tobarra, por no permitir que los abogados interrogaran a la delegada del Gobierno sobre por qué no se activó la Emergencia Nacional tras una catástrofe que dejó 228 víctimas. Esta crítica se suma a la creciente tensión en torno a la gestión de la crisis y la responsabilidad de las autoridades en la respuesta a emergencias.
La situación ha generado un amplio debate sobre la eficacia de los protocolos de emergencia y la comunicación entre las distintas administraciones durante situaciones críticas. La falta de coordinación y la confusión en la transmisión de información han sido señaladas como factores que contribuyeron a la magnitud de la tragedia.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la figura de Salomé Pradas se ha convertido en un símbolo de la lucha por la rendición de cuentas en la gestión de emergencias. Su defensa de su actuación y la insistencia en que se tomaron decisiones difíciles en un contexto de crisis han resonado en el ámbito político y social, donde la ciudadanía exige respuestas claras y efectivas ante situaciones de riesgo.
La controversia no solo afecta a Pradas, sino que también pone en tela de juicio la capacidad de las instituciones para manejar emergencias de gran escala. La presión sobre los responsables políticos para que asuman su parte de la responsabilidad y se implementen mejoras en los protocolos de actuación es cada vez mayor. En este contexto, la gestión de la DANA se convierte en un caso de estudio sobre la importancia de la preparación y la comunicación en la gestión de crisis, así como en la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos existentes para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
