La incineradora de Zubieta, ubicada en Gipuzkoa, ha sido el epicentro de un prolongado conflicto político y judicial que se ha extendido por más de dos décadas. Este proyecto, destinado a gestionar los residuos de la región, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de grupos ecologistas y partidos políticos, especialmente de EH Bildu. A lo largo de este tiempo, se han acumulado 54 causas judiciales, todas ellas perdidas por los demandantes, lo que ha generado un gasto significativo para la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha superado los 1,8 millones de euros en costes legales.
La situación se ha intensificado desde que el PSE asumió la presidencia del Consorcio GHK (Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa) en 2015, tras una victoria electoral que permitió la formación de un gobierno entre el PNV y los socialistas. Desde entonces, la Diputación ha destinado cerca de 1.400.000 euros a la defensa jurídica de la incineradora, siendo 2017 el año con mayor gasto, alcanzando los 500.635 euros. Este dinero ha sido utilizado principalmente para hacer frente a las demandas que cuestionan la legalidad de la valorización energética de los residuos.
A pesar de los gastos, el Consorcio ha logrado recuperar algunos ingresos a través de sanciones impuestas a las empresas concesionarias de la incineradora que no han cumplido con sus obligaciones. Las sanciones más significativas incluyen una multa de 3.180.000 euros por retrasos en la puesta en marcha de la planta y otras por filtraciones de lixiviados y mantenimiento deficiente. Sin embargo, la plataforma GuraSOS, que ha sido uno de los actores más activos en la oposición a la incineradora, ha perdido la mayoría de los litigios que ha presentado, aunque el Tribunal Constitucional ha reconocido su legitimidad para continuar luchando en los tribunales.
La historia de la incineradora de Zubieta se remonta a 2004, cuando se decidió que este sería el lugar adecuado para gestionar los residuos de Gipuzkoa. Sin embargo, la llegada al poder de EH Bildu en 2011 marcó un cambio significativo en la política de residuos de la región. Este partido propuso eliminar la incineradora y desarrollar un plan alternativo que incluía varias plantas de tratamiento mecánico-biológico y compostaje. En 2013, EH Bildu suspendió oficialmente la ejecución de la planta, lo que generó un coste estimado de 46 millones de euros para la Diputación.
Con el cambio de gobierno en 2015, el PNV y el PSE reanudaron el proyecto de la incineradora, y en 2019, la planta fue finalmente inaugurada y comenzó a operar en fase de pruebas. Este desarrollo marcó el cierre de la era de los vertederos en Gipuzkoa, con la clausura de la planta de Mutiloa. Un estudio reciente de Biogipuzkoa concluyó que la incineradora no tiene un impacto negativo en la salud pública, lo que ha proporcionado un respaldo científico al proyecto.
El conflicto en torno a la incineradora de Zubieta no solo ha sido un tema de debate político, sino que también ha generado un ambiente de polarización en la sociedad guipuzcoana. Las mancomunidades y ayuntamientos controlados por EH Bildu han sido los principales actores en la oposición a la incineradora, presentando múltiples recursos judiciales que, hasta ahora, no han tenido éxito. Sin embargo, la Diputación ha señalado que muchos de estos litigios se han basado en la falta de legitimación de los denunciantes, lo que ha llevado a que varios casos sean desestimados por los tribunales.
A día de hoy, todavía hay varios procesos judiciales pendientes, algunos de los cuales permiten la presentación de recursos. Entre ellos se encuentran demandas relacionadas con vertidos de amoniaco y filtraciones de lixiviados, así como una demanda del sindicato ELA sobre el mantenimiento de servicios esenciales. La situación sigue siendo tensa, y el futuro de la incineradora de Zubieta dependerá en gran medida de la resolución de estos litigios y de la capacidad de la Diputación para gestionar la oposición política y social que ha surgido en torno a este proyecto.
En resumen, la incineradora de Zubieta representa un caso emblemático de cómo la gestión de residuos puede convertirse en un campo de batalla político y judicial. A medida que avanza el tiempo, la necesidad de encontrar soluciones sostenibles para la gestión de residuos en Gipuzkoa se vuelve cada vez más urgente, y la resolución de este conflicto será crucial para el futuro medioambiental y político de la región.
