Las exmonjas del Monasterio de Belorado, quienes hace un año decidieron abandonar la Iglesia católica, se encuentran en medio de un complejo entramado judicial que incluye hasta ocho procesos en diferentes juzgados de Burgos, Euskadi y Madrid. Las demandas abarcan desde desahucios hasta acusaciones de coacciones y estafa, lo que ha llevado a un enfrentamiento directo con el Arzobispado de Burgos.
El conflicto se intensificó el 13 de mayo de 2024, cuando las exclarisas hicieron público un manifiesto en el que anunciaban su decisión de dejar la Iglesia. Desde entonces, han surgido acusaciones mutuas entre las exmonjas y el Arzobispado, centradas en la cuestión de quién tiene la representación legal de la comunidad religiosa y quién es el verdadero propietario del monasterio.
El Arzobispado sostiene que, tras la excomunión de las diez cismáticas, la comunidad religiosa de Santa Clara de Belorado, junto con la de Derio, está compuesta por las cinco monjas que no fueron excomulgadas. Según el Arzobispado, el arzobispo Mario Iceta, designado comisario pontificio por la Santa Sede, es el representante legal de la comunidad y, por ende, el propietario del patrimonio asociado al monasterio.
Por su parte, las exmonjas argumentan que tienen derecho a la libertad religiosa y que su decisión de transformar las entidades religiosas en asociaciones civiles es válida. Sin embargo, esta transformación ha sido rechazada por los ministerios del Interior y Justicia, lo que ha llevado a las exmonjas a presentar contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El desahucio del Monasterio de Belorado se ha convertido en un tema candente. El Arzobispado presentó una demanda de desahucio en septiembre de 2024, que está pendiente de juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. La vista oral estaba programada para el 13 de mayo, pero fue suspendida debido a la recusación de la jueza por parte de los abogados de las exmonjas, quienes cuestionaron su imparcialidad en otros casos relacionados.
Además del desahucio de Belorado, el Arzobispado también ha solicitado un desahucio en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao, en relación con el monasterio de Derio. Esta demanda fue admitida a trámite en diciembre, pero no ha avanzado, ya que las dependencias de Derio y Orduña no están habitadas.
Otro aspecto del conflicto es la denuncia presentada por cuatro de las exreligiosas contra Mario Iceta, que incluye acusaciones de coacciones, administración desleal y revelación de secretos. Esta denuncia se encuentra en trámite de diligencias previas en el juzgado de Briviesca, donde las partes han comenzado a declarar.
Además, se ha abierto una investigación por estafa indebida contra tres exmonjas, incluida la exabadesa, en relación con la venta de 1,73 kilos de oro que se realizó en enero. Esta venta, que generó 130,000 euros, se llevó a cabo en nombre de la comunidad religiosa de Belorado, lo que ha suscitado más controversia en el caso.
Por si fuera poco, las Clarisas de Vitoria han interpuesto una demanda por incumplimiento del contrato de compraventa del monasterio de Orduña. Las exmonjas de Belorado se comprometieron a pagar 1.2 millones de euros en 2022 y 2023, pero esos pagos no se han realizado debido a que la Santa Sede bloqueó la venta del monasterio de Derio, que era la fuente de financiamiento para cumplir con el contrato.
Este conflicto no solo pone de relieve las tensiones internas dentro de la comunidad religiosa, sino que también plantea preguntas sobre la gestión del patrimonio religioso y los derechos de las exmonjas en un contexto de cambio y transformación. La situación sigue evolucionando, y las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro del Monasterio de Belorado y de sus exhabitantes.
