El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo al aprobar un proyecto de Ley que modifica tanto la Ley de Navegación Aérea como la Ley de Seguridad Aérea. Esta nueva legislación incluye medidas cruciales, como la asignación de 319 millones de euros en subvenciones a las compañías aéreas para cubrir los billetes de los residentes en las islas durante el año 2024. La ley busca actualizar el régimen jurídico de los aeropuertos de interés general y facilitar la planificación de estos aeropuertos junto con las instalaciones necesarias para la navegación aérea, todo ello en consonancia con las servidumbres aeronáuticas.
El proyecto ha sido aprobado con la inclusión de solo dos enmiendas técnicas, ya que el resto de las modificaciones propuestas fueron rechazadas o retiradas. Ahora, la ley se remite al Senado para continuar su proceso de tramitación parlamentaria. Esta decisión se produce en un contexto en el que el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, había advertido sobre la posibilidad de que algunas aerolíneas reduzcan sus rutas o frecuencias si el Gobierno español no cumple con los pagos de compensaciones a los residentes en territorios extrapeninsulares.
A finales de marzo, se reportó que aún faltaban por abonar 425 millones de euros correspondientes a 2024, y que en 2025 se generarían otros 1.250 millones. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan una partida de 560 millones para este año, la misma cantidad que el año anterior. En este sentido, la ley ha superado su trámite en la Comisión de Transportes con la abstención del Partido Popular (PP) y el único rechazo de Vox.
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva normativa es la inclusión de una enmienda que busca actualizar el abono de las cantidades reclamadas por las aerolíneas por las bonificaciones en el precio de los billetes para los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Sin embargo, desde la ALA han señalado que los 319 millones que se incluyen en la ley solo aliviarían el problema, sin resolverlo por completo, ya que estiman que la cantidad necesaria debería rondar los 1.500 millones de euros.
El PP había registrado una enmienda para conceder 1.200 millones a las aerolíneas como compensación por la deuda acumulada, pero el Gobierno decidió vetar esta propuesta por razones presupuestarias, amparándose en su potestad constitucional.
Otro punto destacado de la ley es el acuerdo que permite que más de 90 aviones y aeronaves abandonadas en los aeropuertos de Aena sean trasladados a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro, o bien subastados en beneficio del Estado. La normativa establece que, si una aeronave o sus restos no pueden ser conservados, el material podrá ser ofrecido a instituciones que demuestren una vinculación con el ámbito aeronáutico, siempre que se emita un informe por parte de la Agencia de Aviación Civil sobre su estado y viabilidad de uso. Estas instituciones tendrán un plazo de veinte días para solicitar la adjudicación de las aeronaves. Si no se manifiestan interesados en ese tiempo, las aeronaves o sus restos podrán ser subastados, y el dinero recaudado se destinará al Estado.
La aprobación de esta ley representa un avance en la regulación del sector aéreo en España, buscando equilibrar las necesidades de los residentes en las islas con la viabilidad económica de las aerolíneas. A medida que la ley avanza en su tramitación, se espera que se generen más debates y análisis sobre su impacto en la aviación y en los ciudadanos afectados.
