El reciente enfrentamiento entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en la gestión de la educación superior en España. En particular, el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha sido el protagonista de una situación que ha generado un amplio debate sobre las competencias autonómicas y la regulación de las universidades privadas. La controversia se centra en el decreto propuesto por el Ministerio de Ciencia y Universidades, que busca establecer requisitos más estrictos para la apertura de centros de titularidad privada. Sin embargo, el Gobierno Vasco presentó sus alegaciones fuera del plazo establecido, lo que ha añadido un nuevo nivel de complejidad a la situación.
El 1 de abril, el Ministerio lanzó el proyecto de real decreto en el Consejo de Ministros, y al día siguiente, abrió un periodo de información pública que finalizaba el 11 de abril. Durante este tiempo, se recibieron aportaciones de 57 instituciones, pero las alegaciones del Gobierno Vasco no fueron registradas hasta el 15 de abril, cuatro días después del plazo. Este retraso ha sido atribuido a un «malentendido» en la interpretación de las fechas, según fuentes del Departamento de Universidades. A pesar de este contratiempo, el equipo de Pérez Iglesias confía en que sus alegaciones serán consideradas por el Gobierno central.
### Argumentos en Contra del Proyecto
Las alegaciones presentadas por el Gobierno Vasco se centran en dos aspectos clave del decreto: el mecanismo para autorizar la creación de universidades y la regulación de los centros online. Desde el Ejecutivo vasco, se argumenta que el proyecto del Ministerio representa una «invasión competencial» que podría afectar la autonomía de Euskadi en la gestión de su sistema universitario. Esta postura ha sido respaldada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha criticado la falta de comunicación entre las diferentes alas del Gobierno autonómico, en particular con el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE).
El PSE-EE ha denunciado que la posición adoptada por el PNV ha sido unilateral y ha expresado su preocupación por el cumplimiento del reparto de atribuciones. En este contexto, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha intentado calmar las aguas, comprometiéndose a respetar las competencias de las comunidades autónomas y abriendo la puerta a posibles negociaciones para modificar el texto del decreto antes de su aprobación definitiva. Morant ha subrayado que el Ministerio está dispuesto a dialogar con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que respete las competencias vascas.
### Reacciones y Llamados a la Negociación
Las reacciones a la situación han sido diversas. La diputada de EH Bildu, Marije Fullaondo, ha manifestado su preocupación por la apertura de universidades privadas sin los requisitos mínimos, aunque ha enfatizado que esto no justifica la invasión de competencias. Fullaondo ha instado a la ministra a garantizar que se respetarán las atribuciones de Euskadi en este ámbito. Por su parte, el jeltzale Joseba Agirretxea ha coincidido en la necesidad de controlar la calidad del sistema universitario, pero ha advertido que Euskadi no debe ser penalizada por los problemas que surgen en otras comunidades, especialmente en Madrid.
Agirretxea ha enfatizado que Euskadi cuenta con un mapa universitario bien establecido, que está integrado en el tejido social, cultural y económico de la región. En este sentido, ha instado al Gobierno central a considerar las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco y a trabajar en un acuerdo que modifique el decreto antes de su aprobación. La situación actual refleja no solo las tensiones políticas entre los diferentes partidos, sino también la complejidad de la gestión educativa en un contexto donde las competencias autonómicas son un tema delicado.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo el Gobierno central responderá a las alegaciones del Gobierno Vasco y si se abrirá un espacio real para la negociación. La educación superior es un tema crucial que afecta a miles de estudiantes y profesionales, y cualquier decisión que se tome tendrá un impacto significativo en el futuro del sistema universitario en Euskadi y en el resto de España. La capacidad de los diferentes actores políticos para llegar a un acuerdo será fundamental para garantizar que se respeten las competencias y se mantenga la calidad educativa en el país.
