La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que se suspenda el careo programado para el 14 de mayo con Alfredo González, quien tramitó su nombramiento en 2018. La razón del aplazamiento es que Álvarez tiene un viaje programado a Estados Unidos entre el 10 y el 17 de mayo. En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el abogado de Álvarez ha pedido que se fije una nueva fecha para el careo, argumentando que su cliente no podrá estar presente en la fecha original.
Además del aplazamiento, la defensa ha solicitado al juez que aclare las contradicciones que han llevado a la decisión de realizar el careo. Según el abogado, tras revisar las declaraciones de ambos testigos, no ha encontrado discordancias significativas entre lo que han manifestado. La defensa sostiene que las declaraciones de Alfredo González son coherentes con las de Cristina Álvarez, lo que pone en duda la necesidad del careo.
En su declaración como testigo en febrero, González afirmó no conocer a Álvarez ni a la mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó, y no recordaba si había visto su currículum. Explicó que su función era remitir las propuestas de nombramiento al órgano competente, y que el nombramiento de personal eventual es un proceso libre, según el Estatuto Básico del Empleado Público. El juez, sorprendido por esta afirmación, cuestionó la falta de rigor en el proceso de nombramiento, dado que en la Administración Pública se suelen exigir procesos más rigurosos.
González identificó a Félix Bolaños como su superior directo, con quien se reunía diariamente para tratar diversos asuntos en La Moncloa. Esta declaración llevó al juez a citar también a Bolaños como testigo. El actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, declaró que la designación de Álvarez se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual y se desligó de su nombramiento.
Cristina Álvarez, por su parte, explicó que fue nombrada asesora de Gómez para ayudarla en asuntos tanto oficiales como privados. La relación entre ambas se remonta a tiempo atrás, cuando Gómez contactó a Álvarez para que trabajara como su asesora y persona de confianza. Sin embargo, el juez ha abierto una nueva línea de investigación, considerando que la contratación de Álvarez podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Esto se debe a que Álvarez aparece en correos electrónicos relacionados con gestiones para Gómez con la Universidad Complutense de Madrid.
La investigación también abarca otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. La situación ha generado un gran interés mediático, dado que involucra a figuras cercanas al presidente del Gobierno y plantea serias interrogantes sobre la legalidad de los procesos de nombramiento en la administración pública.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que el juez tome una decisión sobre el aplazamiento del careo y las aclaraciones solicitadas por la defensa en los próximos días. La atención se centra en cómo se resolverán las contradicciones y si se procederá a un careo que podría arrojar más luz sobre el proceso de nombramiento de Álvarez y las implicaciones legales que podrían derivarse de ello.
