El Gobierno Vasco ha dado un paso significativo al declarar a Irun como zona residencial tensionada, una medida que afecta ya al 20% de la población de Gipuzkoa. Esta declaración, que se publicará oficialmente el 23 de abril, se suma a las de Zumaia y Lasarte-Oria, y sigue el camino de Errenteria, que fue la primera localidad en recibir este estatus. La medida busca controlar el mercado de alquileres en la región, donde los precios han experimentado un aumento constante.
La declaración de Irun como zona tensionada implica la implementación de un plan de acción que tiene como objetivo limitar los precios de los alquileres. Esta acción se considera necesaria debido a las continuas subidas de precios que han llevado al Ayuntamiento a solicitar esta clasificación. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha enfatizado que esta medida es solo un paliativo y que la verdadera solución radica en aumentar el parque de viviendas, especialmente a través de la construcción de vivienda pública y en alquiler.
La colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun ha sido fundamental para llevar a cabo esta declaración. Se prevé la construcción de más de 3,000 viviendas públicas en la próxima década, con un primer lote de 420 que comenzará a construirse este mismo año. Este aumento en la oferta de vivienda se considera crucial para abordar la creciente demanda en la ciudad, donde actualmente hay 3,265 solicitantes de vivienda pública, de los cuales el 81% busca alquiler.
La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha calificado este acuerdo como «histórico», destacando que en los últimos 20 años solo se han desarrollado 980 viviendas públicas protegidas en la ciudad. Con el nuevo plan, se espera que en aproximadamente cinco años se duplique la oferta existente. Laborda ha subrayado que este esfuerzo es solo el comienzo de un impulso más amplio hacia la vivienda protegida en Irun.
El contexto de esta medida es preocupante, ya que el 4.1% de las viviendas en Irun están desocupadas, lo que representa 1,131 propiedades sin empadronados. Además, el programa Bizigune gestiona 108 viviendas en régimen de alquiler asequible. A pesar de estos esfuerzos, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío, y el Gobierno Vasco está comprometido a trabajar en conjunto con los municipios para abordar esta problemática de manera efectiva.
La declaración de Irun como zona tensionada también se enmarca en un esfuerzo más amplio para que toda el área metropolitana de la costa de Gipuzkoa se rija por las mismas normas en materia de vivienda. Itxaso ha mencionado que es esencial que localidades como Donostia también se sumen a esta iniciativa para garantizar un enfoque coherente en la gestión del mercado de alquileres.
El aumento en la construcción de vivienda pública no solo beneficiará a los residentes de Irun, sino que también tendrá un impacto positivo en toda la región de Gipuzkoa. La colaboración entre las instituciones es clave para abordar el problema de la vivienda, que se ha convertido en una cuestión metropolitana que requiere soluciones integrales.
En resumen, la declaración de Irun como zona tensionada es un paso importante hacia la regulación del mercado de alquileres en Gipuzkoa. Con un plan de acción ambicioso y la colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, se espera que esta medida contribuya a aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda en la región, beneficiando a miles de guipuzcoanos que buscan una solución habitacional adecuada.
