Junts, el partido postconvergente catalán, ha intensificado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, lanzando un ultimátum que podría tener repercusiones significativas en la política española. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha declarado que el partido se encuentra en una «prórroga» en sus relaciones con el Gobierno y ha fijado un plazo hasta finales de mayo para que se concreten avances en el reconocimiento nacional de Cataluña.
La situación actual se enmarca en un contexto de creciente desconfianza entre Junts y el Gobierno, con Turull afirmando que si no se cumplen los acuerdos establecidos en Bruselas, el apoyo de su partido al Gobierno podría retirarse. Esta advertencia se produce en un momento en que las relaciones entre ambas partes son tensas, y Junts ha dejado claro que no está dispuesto a seguir apoyando al Gobierno sin resultados tangibles.
Uno de los puntos clave en la agenda de Junts es la demanda de un referéndum «pactado y vinculante» sobre la autodeterminación de Cataluña. Turull ha reiterado esta exigencia, subrayando que el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea es otra de las prioridades del partido. Además, han solicitado avances en la aplicación de la amnistía, un tema que ha generado controversia y debate en el ámbito político.
La amnistía, que se ha convertido en un tema candente, depende de la decisión de los tribunales, pero los nacionalistas catalanes insisten en la necesidad de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, el expresidente catalán en el exilio. Turull ha señalado que la falta de una «amnistía política» podría interpretarse como un intento del Gobierno de «blanquear» lo que consideran una actitud «prevaricadora» de los jueces en la aplicación de la ley.
La desconfianza entre Junts y el Gobierno ha ido en aumento, y Turull ha expresado que «queremos resultados» y que la resolución del conflicto catalán debe ser una prioridad. En este sentido, ha advertido que lo discutido en Suiza, en referencia a las negociaciones entre el Gobierno y los representantes catalanes, debe mantenerse en secreto, enfatizando que el expresidente Zapatero no actúa como mediador, sino que habla en nombre del PSOE.
Turull ha manifestado su escepticismo sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos para 2025 y 2026, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a la situación política. Además, Junts ha descartado la posibilidad de una nueva cuestión de confianza y ha rechazado apoyar una moción de censura junto al PP y Vox, lo que indica que el partido está buscando mantener su independencia en el panorama político actual.
La presión de Junts también se ha manifestado en la intención de presentar una querella contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien acusó a algunos dirigentes del nacionalismo catalán de tener cuentas en Andorra. Esta acción legal podría ser un intento de Junts de defender su reputación y desafiar las acusaciones que consideran infundadas.
En resumen, la situación entre Junts y el Gobierno de Sánchez es tensa y podría tener implicaciones significativas para la política española en los próximos meses. Con un ultimátum en el aire y demandas claras por parte de Junts, el Gobierno se enfrenta a un desafío considerable para mantener su apoyo y navegar por las complejidades del conflicto catalán.
