Cuatro ciclistas españoles resultaron heridos este miércoles en un atropello múltiple en la carretera MA-2031, entre Bunyola y Pont d’Inca, en Mallorca. Las lesiones son leves, pero el incidente revela fallos estructurales en la seguridad vial para usuarios vulnerables. La Guardia Civil investiga las causas. No hubo fallecidos, pero sí una alerta clara: la infraestructura no protege a los ciclistas.
¿Qué ocurrió exactamente en la carretera MA-2031?
El siniestro tuvo lugar sobre las 13:00 horas. Ocho ciclistas avanzaban en pelotón por la carretera vieja de Bunyola. Un vehículo salió de un camino secundario y los arrolló. Cuatro fueron impactados. Tres fueron trasladados a hospitales de Palma, Inca y Manacor para exploración complementaria.
La Guardia Civil de Tráfico asumió la investigación inmediata. Acudieron también ambulancias y patrullas de la Policía Local para gestionar el tráfico y prestar primeros auxilios.
El pelotón no tenía señalización ni protección lateral
Los ciclistas no contaban con señalización previa ni con carril segregado. La MA-2031 carece de infraestructura ciclista protegida, pese a su uso frecuente por deportistas y turistas. No se activó ningún protocolo de alerta temprana ni sistema de detección de vehículos en entradas secundarias.
¿Por qué siguen ocurriendo atropellos a ciclistas en Baleares?
Las Islas Baleares registraron 127 accidentes con ciclistas en 2025, un 9 % más que en 2024. El 63 % de estos sucesos se produjeron en vías secundarias como la MA-2031. La causa principal: falta de separación física entre tráfico motorizado y usuarios no motorizados.
La brecha entre planificación y ejecución es crítica
El Plan de Movilidad Sostenible de Baleares 2030 prevé 320 km de carriles bici seguros. Hasta hoy, solo se han ejecutado 87 km. El retraso no es técnico: es presupuestario y de priorización política. Las inversiones en ciclo-infraestructura representan menos del 2,3 % del presupuesto de carreteras de la comunidad.
¿Qué dice la ley sobre la protección de ciclistas en España?
El Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a dejar una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar a ciclistas. Pero no exige carriles segregados ni zonas 30 en entornos rurales. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética sí establece metas vinculantes: 30 % de desplazamientos urbanos en bicicleta para 2030.
La jurisprudencia ya responsabiliza a las administraciones
En sentencia 142/2025, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó a la Conselleria de Movilidad por no instalar señalización vertical y horizontal en tramos con alta densidad ciclista. El fallo sentó un precedente: la falta de prevención activa puede generar responsabilidad patrimonial.
¿Cuál es el impacto económico real de no proteger a los ciclistas?
Cada atropello leve con hospitalización supone un coste medio de 4.200 € para el sistema sanitario. Los accidentes graves elevan ese monto a más de 87.000 €. Además, el turismo activo —que representa el 18 % del gasto turístico en Mallorca— se ve afectado por la percepción de inseguridad vial.
Datos Clave
- El 71 % de los ciclistas heridos en Baleares en 2025 circulaban en vías secundarias
- Solo el 12 % de las carreteras de Mallorca tienen carril bici protegido
- La inversión anual en infraestructura ciclista es 5,7 millones €: menos que el coste de dos kilómetros de autovía
- El turismo en bicicleta genera 214 millones € anuales en la isla
- La tasa de cumplimiento de la distancia de seguridad al adelantar es del 38 %
¿Qué se puede hacer ya para evitar nuevos accidentes?
Se requiere acción inmediata en tres niveles: técnico, normativo y operativo. Instalar sistemas de alerta de cruce en entradas secundarias, ampliar los límites de velocidad a 50 km/h en tramos con alta afluencia ciclista y exigir formación obligatoria en convivencia vial para conductores de turismos y furgonetas de alquiler.
La seguridad ciclista no es una opción: es una obligación legal, económica y ética. En Mallorca, cada kilómetro de carretera sin protección es un riesgo calculado —y ya no aceptable.
