La reciente discusión en el Parlamento Vasco sobre la colocación de carteles de etarras ha reavivado el debate sobre la necesidad de un régimen sancionador que proteja a las víctimas del terrorismo. La consejera de Justicia, María Jesús San José, ha sido objeto de críticas por parte del Partido Popular (PP), que sostiene que no se han tomado medidas efectivas para abordar esta problemática. La parlamentaria Laura Garrido ha señalado que las víctimas están esperando acciones concretas desde que se prometió una reforma legal que incluya sanciones para quienes exaltan a los victimarios en el espacio público.
San José, por su parte, ha argumentado que es necesario contar con un marco de «seguridad jurídica» antes de avanzar en la modificación de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Este enfoque busca evitar conflictos entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos de las víctimas. La consejera ha subrayado que no se puede arriesgar a crear falsas expectativas en un tema tan delicado y ha enfatizado la importancia de estudiar las competencias y las vías que no afecten a la libertad de expresión y reunión.
El contexto de esta discusión es complejo, ya que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2023, sí contempla un régimen sancionador para proteger a las víctimas del franquismo. Esto ha llevado a Garrido a señalar una aparente injusticia, ya que las víctimas del terrorismo de ETA no cuentan con la misma protección. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha manifestado que es fundamental establecer sanciones para quienes organizan homenajes a los asesinos o exhiben sus imágenes en espacios públicos. Covite ha documentado un total de 421 actos de apoyo a ETA en 2024, lo que refleja la persistencia de esta problemática en la sociedad vasca.
La consejera San José ha reconocido que la jurisprudencia tanto en el Tribunal Supremo como en instancias europeas plantea un dilema sobre la colisión de derechos. Esto ha llevado a un enfoque cauteloso en la búsqueda de soluciones que no comprometan la libertad de expresión. En este sentido, la consejera ha reiterado que se están realizando estudios para encontrar un equilibrio que permita sancionar la exaltación de victimarios sin vulnerar derechos fundamentales.
Por otro lado, el debate también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor voluntad política para abordar esta cuestión. La falta de avances en la implementación de un régimen sancionador ha sido criticada por diversas organizaciones y partidos políticos, que consideran que es un tema que no puede seguir siendo ignorado. La situación actual ha generado un clima de frustración entre las víctimas y sus familias, que ven cómo sus derechos siguen sin ser protegidos adecuadamente.
En este contexto, la discusión sobre la exaltación de victimarios en el espacio público no solo es un tema legal, sino que también toca fibras sensibles en la sociedad vasca. La memoria histórica y la reparación a las víctimas del terrorismo son cuestiones que requieren un enfoque integral y un compromiso real por parte de las instituciones. La sociedad civil, a través de organizaciones como Covite, ha jugado un papel crucial en la visibilización de esta problemática y en la exigencia de medidas concretas que garanticen la dignidad de las víctimas.
El debate sobre la libertad de expresión y la protección de las víctimas es un desafío que no se puede eludir. La sociedad vasca se enfrenta a la necesidad de encontrar un equilibrio que permita honrar la memoria de quienes sufrieron a causa del terrorismo, al mismo tiempo que se respeta el derecho a la libre expresión. La búsqueda de soluciones efectivas y justas es un imperativo que debe ser abordado con seriedad y compromiso por parte de todos los actores involucrados.
En resumen, la discusión sobre la colocación de carteles de etarras y la necesidad de un régimen sancionador es un reflejo de la complejidad de la memoria histórica en el País Vasco. La consejera San José ha manifestado su intención de avanzar en este tema, pero la presión por parte de las víctimas y sus representantes es cada vez mayor. La sociedad vasca debe encontrar un camino que permita sanar las heridas del pasado y construir un futuro en el que la memoria y la dignidad de las víctimas sean respetadas y protegidas.
