El Parlamento Vasco ha dado un paso significativo en la tramitación de la reforma de la Ley de Empleo Público, impulsada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con el objetivo de proteger el uso del euskera en las oposiciones a la administración pública. Esta propuesta ha recibido el respaldo de EH Bildu, mientras que el Partido Socialista de Euskadi (PSE), el Partido Popular (PP) y Vox han expresado su rechazo. La votación, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2025, refleja las tensiones políticas en torno a la política lingüística en la comunidad autónoma.
La reforma busca eliminar los índices de referencia que actualmente regulan los requisitos lingüísticos en las convocatorias de empleo público, dejando esta decisión en manos de cada ayuntamiento. Esta modificación ha sido criticada por el PSE, que considera que la propuesta es un retroceso en la política de normalización del euskera, que se ha basado en la libertad de elección lingüística y en la adecuación a la realidad sociolingüística de Euskadi. El portavoz del PSE, Pau Blasi, ha manifestado su preocupación por la forma en que el PNV ha presentado la reforma, acusándolos de actuar de manera apresurada y sin un consenso adecuado.
Por su parte, el parlamentario del PNV, Markel Olano, defendió la necesidad de revitalizar el euskera, argumentando que su situación actual es el resultado de años de políticas que han limitado su uso. Olano rechazó las acusaciones de catastrofismo por parte del PSE y aseguró que la intención del PNV no es debilitar el uso del euskera, sino fortalecerlo. Esta postura fue respaldada por EH Bildu, cuyo portavoz, Pello Otxandiano, destacó la importancia de unir fuerzas en torno a la defensa del euskera, aunque lamentó que el PNV no hubiera presentado la reforma de manera conjunta.
El debate sobre la reforma ha puesto de manifiesto las diferencias entre los partidos en relación con la política lingüística. El PP, a través de su representante Santiago López, criticó la obsesión identitaria del PNV y EH Bildu, argumentando que sus políticas han llevado a la destrucción de diversos sectores en Euskadi. Por otro lado, Jon Hernández de Sumar, aunque de acuerdo con la necesidad de actualizar las normas para garantizar los derechos lingüísticos, cuestionó el método propuesto por el PNV, sugiriendo que podría generar confusión en lugar de claridad.
El contexto de esta reforma se sitúa en un marco más amplio de tensiones políticas y sociales en Euskadi, donde el uso del euskera ha sido un tema recurrente de debate. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anuló la exigencia del B2 de euskera en un proceso de estabilización para cuidadores de residencias, ha reavivado la controversia sobre los requisitos lingüísticos en el empleo público. Esta situación ha llevado al PNV a actuar de manera más decidida en la defensa del euskera, buscando blindar su uso en la administración pública.
El PSE, que ha sido socio de gobierno del PNV, se ha encontrado en una posición complicada, ya que su rechazo a la reforma podría afectar su relación con el partido nacionalista. La falta de consenso en torno a esta propuesta ha evidenciado las fracturas dentro del gobierno vasco y ha abierto un nuevo capítulo en la política lingüística de la región. La postura del PSE, que aboga por un enfoque más inclusivo y consensuado, contrasta con la estrategia del PNV, que busca avanzar de manera más rápida en la protección del euskera.
A medida que la reforma avanza en el trámite parlamentario, se espera que continúen los debates y las negociaciones entre los diferentes grupos políticos. La cuestión del euskera en el ámbito laboral no solo es un tema de política lingüística, sino que también refleja las tensiones identitarias y culturales que persisten en Euskadi. La forma en que se resuelva esta cuestión podría tener implicaciones significativas para el futuro del euskera y su lugar en la sociedad vasca.
En este contexto, es fundamental que los partidos políticos encuentren un terreno común que permita avanzar en la protección del euskera sin sacrificar la libertad de elección lingüística de los ciudadanos. La política lingüística en Euskadi debe ser un reflejo de la diversidad y la pluralidad de su sociedad, y no un campo de batalla entre diferentes ideologías. La capacidad de los partidos para dialogar y llegar a acuerdos será clave para el futuro del euskera y su integración en la vida pública y laboral de la comunidad autónoma.
